SALTA.- (Por Renato Ocampo) Llama la atención que tanto la defensa técnica de Cynthia Moya como el querellante y representante legal de varios damnificados, José Fernando Teseyra, solicitaran medidas menos gravosas y una ampliación de beneficios, como salidas vinculadas a la salud de su hijo. ¿Qué pensaran las personas estafadas que son actualmente defendidas por Teseyra?
El Ministerio Público Fiscal se opuso a la modificación de las medidas sustitutivas solicitadas y requirió que se mantenga la prisión domiciliaria, al considerar que subsisten los riesgos procesales, en particular el peligro de fuga.
Finalmente el juez Feoans, hizo lugar a este último requerimiento y la imputada de esta gran estafa piramidal permanecerá en su domicilio, a la espera de fecha para el juicio oral.
El escenario que se espera de la causa, tras la elevación a juicio dispuesta en junio de 2025 por el juez Antonio Pastrana, enfrentará a 27 imputados por 849 hechos de estafa y falsedad de instrumento privado. Se prevé que el debate comience en el primer semestre de este año, dada la magnitud del expediente y la complejidad de los delitos imputados, que incluyen asociación ilícita, abuso de autoridad y encubrimiento agravado por la condición de funcionario público. El éxito de este proceso no se medirá únicamente por las condenas que recaigan sobre Moya y sus colaboradores civiles, sino por la contundencia con la que se sancione al personal policial que traicionó su mandato constitucional. Lo que está en juego en el banquillo no es solo una estafa millonaria, sino la capacidad de las instituciones de Salta para depurarse y garantizar que la ley se aplique con igual rigor a quienes deben protegerla.
La causa que mancha a la Policía de Salta
La causa judicial conocida como «Ríos & Asociados» ha dejado de ser un mero expediente por estafas masivas para transformarse en un síntoma alarmante de la degradación institucional que atraviesa la provincia. Lo que comenzó en junio de 2021 como una financiera ilegal en Metán, bajo la apariencia de una firma de inversiones legítima, terminó revelando una trama de corrupción que vincula de manera directa a la estructura de la Policía de Salta con el crimen organizado. El proceso ha transitado por un laberinto de dilaciones, beneficios cuestionables y una preocupante connivencia que hoy pone a prueba la credibilidad de los tres poderes del Estado ante la mirada de una sociedad que aguarda respuestas por un perjuicio económico que supera los 500 millones de pesos y el medio millón de dólares.
El núcleo del escándalo reside en la participación activa y diversificada de las fuerzas de seguridad. Las investigaciones han acreditado que catorce efectivos policiales, incluidos jefes de la Brigada de Investigaciones y de la Unidad Regional 3, no solo fueron «captadores» de víctimas, sino que facilitaron la logística delictiva. Resulta imperdonable desde una perspectiva política que, mientras la líder de la organización, Cynthia Moya, se encontraba prófuga, se utilizaran móviles policiales para evadir controles y trasladar el botín sustraído de los damnificados.
Más grave aún es la inacción administrativa. Aunque la Oficina de Asuntos Internos declaró la responsabilidad de doce uniformados, incluyendo comisarios y oficiales principales, muchos de ellos han permanecido en sus puestos e incluso han circulado versiones sobre posibles ascensos, lo que constituye un mensaje de absoluta impunidad.
La demora judicial ha sido otro factor determinante en la erosión de la justicia. Desde los primeros allanamientos en marzo de 2022, la causa ha acumulado más de 30 cuerpos de documentación, enfrentando constantes maniobras defensivas destinadas a paralizar la instrucción. En diversos momentos, el Tribunal de Impugnación otorgó libertades y arrestos domiciliarios a los principales imputados, en contraposición a los pedidos del Ministerio Público Fiscal, que alertaba sobre el riesgo procesal y la falta de reparación a las víctimas. Esta laxitud judicial permitió un hecho inaudito: que Cynthia Moya, mientras gozaba de medidas sustitutivas, reincidiera en el delito creando una nueva financiera fantasma denominada «Norte & Asociados» entre agosto y septiembre de 2023, bajo la misma modalidad de estafa piramidal.
Un punto de inflexión crítico en la administración de este caso fue la decisión de restituir vehículos de alta gama incautados. A pesar de que las pericias contables del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) demostraron que los propietarios vinculados a Moya no podían justificar el origen de los fondos para dichas adquisiciones, la justicia ordenó la devolución de unidades como camionetas Amarok y automóviles Toyota Corolla. Esta medida no solo dificultó la eventual reparación económica de las víctimas, sino que evidenció una falta de coordinación y firmeza en la protección de los activos recuperados, los cuales representan una ínfima parte del total estafado: apenas 26 millones de pesos frente a una masa defraudada significativamente mayor.
