SALTA – La Ley Nacional de Protección de Glaciares se ha consolidado como una herramienta clave para la preservación de las reservas hídricas en las regiones de alta montaña del país. En el caso de Salta y su territorio provincial, la norma adquiere un valor estratégico, aun cuando no cuente con grandes campos de hielo como otras jurisdicciones cordilleranas.
Cabe aclarar que, acorde al relevamiento del Instituto Nacional de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) realizado en 2018 y actualizado en 2024, de los 16.968 cuerpos de hielo existentes en el país, 646 pertenecen a Salta, distribuidos en lugares tales como la subcuenca del Salar de Cauchari y los ríos Iruya, Candado, Pescado y Blanco.
La legislación actual, promulgada en 2010, protege glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas naturales de agua dulce. En Salta, su importancia radica en que la provincia integra cuencas de alta montaña fundamentales para el equilibrio hídrico regional. Estos sistemas cumplen una función esencial en la regulación y provisión de agua, especialmente en contextos de variabilidad climática.
En un escenario marcado por la expansión de la actividad minera en la Puna y zonas cordilleranas, la propuesta del Gobierno nacional busca avanzar sobre la explotación industrial sobre los ambientes periglaciares, a pesar de las advertencias de organizaciones ambientalistas y científicas.
En definitiva, más allá de la magnitud de sus glaciares, Salta se encuentra atravesada por la lógica de protección que impulsa la norma: cuidar el agua como recurso estratégico para el desarrollo productivo, el consumo humano y la sostenibilidad a largo plazo.
