SALTA – Un nuevo frente político y judicial se abrió en torno a la senadora nacional Flavia Royón, luego de que el abogado ambientalista Enrique Viale la acusara de mantener vínculos con la minera Río Tinto. Según planteó, la legisladora tendría una consultora que presta servicios a la compañía, una de las principales operadoras del litio en el norte argentino, y adelantó que avanzará con una denuncia penal por presunta incompatibilidad en el ejercicio de la función pública.
Las declaraciones se dieron en el marco del debate por la Ley de Glaciares, donde Viale cuestionó con dureza tanto el proceso como los intereses en juego, y sostuvo que la senadora “representa a las mineras”. La acusación incluye la posibilidad de investigar un eventual cohecho, mientras que desde el entorno de Royón rechazaron los señalamientos y aseguraron que no existe vínculo actual con la empresa, ya que se habría desvinculado de toda actividad privada antes de asumir su banca en el Senado.
«Voy a presentar una denuncia por incompatibilidad en la función pública para investigar el posible cohecho”, anticipó en la audiencia pública sobre la reforma de la ley de Glaciares. El letrado, además, señaló al mismo presidente de la Comisión de Recursos Naturales, el diputado José Peluc, que dirigía el intercambio ayer por supuestas vinculaciones con proveedores mineros en San Juan.
A su vez, el también presidente de la asociación de Abogados Ambientalistas convocó a una marcha para la tarde de este miércoles. Por último, se quejó de que solo puedan exponer unos 200 oradores en forma presencial, pese a los miles de inscriptos.
“Es la Audiencia Pública mas loca del mundo, con 101 mil personas debidamente inscriptas censuradas. Adentro está lleno de sillas vacías”, denunció. Asimismo, cuestionó el amplio operativo de seguridad al señalar que es el encuentro «más militarizado del mundo” y denunció que la medida «erosiona la democracia».
