SALTA.- (Por Renato Ocampo) La reciente incorporación de la ciudad de Salta al régimen de Monotributo Unificado, anunciada con bombos y platillos para el próximo 1 de abril, se presenta oficialmente como un avance en la «simplificación tributaria» y la «modernización». Sin embargo, para quienes gestionan la cosa pública y conocen el pulso de la calle, esta medida no parece ser más que el perfeccionamiento de un cerco fiscal destinado a blindar la recaudación del «impuestazo» municipal, mientras la gestión de Emiliano Durand muestra una alarmante incapacidad para ejecutar esos fondos en obras y servicios básicos.
El triunfo de la voracidad fiscal
Desde la perspectiva técnica, el anuncio del ministro de Economia de la Provincia, Roberto Dib Ashur, resalta que el padrón de contribuyentes se triplicó desde 2021, pasando de 25.000 a 75.000 activos bajo este sistema. Si bien se vende como «formalización», es en realidad la prueba fehaciente de una maquinaria recaudatoria que se expande agresivamente. Al unificar los tres niveles del Estado en un solo pago, el municipio de Salta Capital se asegura de que el contribuyente no pueda priorizar obligaciones; se paga todo o no se paga nada.
Esta medida es el complemento ideal para el fuerte aumento de impuestos que ha sufrido el vecino de Salta Capital. En lugar de aliviar la carga, la gestión de Durand busca asegurar el flujo de fondos de manera automática, eliminando la posibilidad de que el ciudadano manifieste su descontento a través de la mora administrativa, al quedar atrapado en un sistema nacional y provincial de mayor rigor.
Recaudación de vanguardia, servicios del siglo pasado
Resulta paradójico que el intendente Emiliano Durand celebre que los contribuyentes tendrán «más tiempo para trabajar» al evitar declaraciones juradas. La realidad es que, fuera de los despachos oficiales, ese tiempo se pierde sorteando baches en calles intransitables, lidiando con servicios de limpieza deficientes y una infraestructura urbana que parece haber quedado en el olvido en muchísimos barrios.
La gestión municipal actual ha demostrado una notable agilidad para coordinar con el Ministerio de Economía provincial y la AFIP con el fin de unificar el cobro, pero esa misma agilidad desaparece a la hora de ejecutar el presupuesto en mejoras tangibles para la ciudad. Se está consolidando un modelo de gestión donde la eficiencia es solo hacia adentro del Estado (para cobrar), mientras que hacia afuera (para servir al ciudadano) prima la desidia y el abandono.
La legitimidad de un sistema tributario no reside únicamente en la facilidad de su pago o en la digitalización de sus trámites. Reside en el contrato social: el ciudadano aporta con un esfuerzo creciente, potenciado por la inflación y los aumentos de tasa y espera, a cambio, una ciudad que funcione.
Asegurar la recaudación a través del Monotributo Unificado sin mejorar la contraprestación de servicios es, lisa y llanamente, una política extractiva. La gestión de Emiliano Durand corre el riesgo de ser recordada no por su modernización tecnológica, sino por haber perfeccionado el arte de cobrar más para ofrecer menos.
