SALTA.- (Por Renato Ocampo) La gestión de Emiliano Durand no puede ni sacar cables sin pagar de más. El Ejecutivo municipal llamo a licitación para retirar cables de la vía publica, una tarea cotidiana que debería ejecutarse por administración y una ordenanza de soterrado que espera su cumplimiento desde hace décadas.
La reciente apertura de sobres para la licitación del Plan de Intervención Integral para el Despeje y Ordenamiento de Cables (P.I.D.O.C.), bajo la gestión del intendente Emiliano Durand, plantea interrogantes ineludibles sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la verdadera capacidad de gestión de las áreas operativas municipales. Con un presupuesto oficial de $787.200.000, esta contratación bajo el rótulo de «asistencia técnica» se presenta como una erogación que colisiona frontalmente con la retórica de austeridad y la creciente presión impositiva que recae sobre el contribuyente salteño.
Resulta administrativamente injustificable que la Dirección General de Alumbrado Público, área que solicita el servicio, y el Programa de Cuidado de la Vía Pública no cuenten con la capacidad técnica para coordinar y ejecutar una tarea que consiste, esencialmente, en la limpieza y ordenamiento de cableado aéreo. El pliego exige la conformación de cuadrillas mínimas integradas por un supervisor, dos choferes, un oficial empalmador, un oficial de líneas de alimentación, un oficial instalador y dos ayudantes.
Para cualquier funcionario con experiencia en la gestión de servicios públicos, es evidente que este requerimiento de personal y equipamiento (hidrogrúas y vehículos utilitarios) debería formar parte del patrimonio operativo básico de un municipio de la escala de Salta. La decisión de tercerizar estos roles operativos, en lugar de fortalecer la administración propia, denota una preocupante delegación de funciones críticas que el Estado municipal está obligado a prestar de manera directa.
El soterrado seguirá en espera
La Ordenanza Municipal Nº 7.692, sancionada en 1997 en la ciudad de Salta, prohíbe la instalación aérea de cables en el casco céntrico. Esta normativa obliga a la empresa prestadora de servicios a soterrar (enterrar) el cableado existente para mejorar la estética y seguridad.
Si bien es cierto que ninguna de las gestiones precedentes le dieron cumplimiento, la de Emiliano también sigue por la misma senda de omisión y beneficio empresario.
El incumplimiento reiterado radica básicamente en la falta de decisión política de obligar a las empresas de servicios a realizar estas obras. Es mucho más fácil omitir la norma y seguir contratando a terceros para retirar los cables en desuso indefinidamente.
Negocios a costa de la gente
La asignación de casi 800 millones de pesos para un servicio de apenas 12 meses de duración representa un costo de oportunidad altísimo. Mientras la ciudad enfrenta desafíos urgentes en infraestructura y mantenimiento básico, la administración Durand opta por transferir una suma millonaria al sector privado para tareas de «asistencia técnica y logística» que bien podrían ser absorbidas por la planta permanente si existiera una verdadera voluntad de profesionalización y equipamiento del parque automotor municipal.
Este esquema de contratación externa no solo encarece el servicio por el margen de beneficio empresarial y los costos impositivos derivados, sino que además genera una dependencia estructural.
En un contexto de aumento de impuestos y tasas municipales, la señal enviada a la ciudadanía es de una profunda desconexión. No se puede exigir un mayor esfuerzo fiscal a los vecinos mientras la administración central dilapida recursos en servicios de asistencia para tareas de limpieza visual que el propio municipio ya tiene la facultad de ejecutar.
