SALTA – La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, en una sesión atravesada por tensiones políticas y protestas sociales. En ese escenario, los legisladores de Salta jugaron un rol alineado con el oficialismo nacional y los intereses productivos del norte, acompañando mayoritariamente la iniciativa impulsada por el Gobierno.
La reforma modifica la Ley 26.639 al introducir un criterio que redefine la protección ambiental. Entre otras cuestiones, el cambio incluye la redefinición de las zonas protegidas (glaciares y periglaciares) y mayor intervención de las provincias para actuar sobre los recursos hídricos.
Uno de los datos políticos más llamativos fue el comportamiento del bloque de La Libertad Avanza: pese a respaldar con su voto el proyecto, ninguno de sus representantes salteños tomó la palabra durante el debate. El silencio contrastó con la intensidad de la discusión en el recinto y con las exposiciones de otros espacios que defendieron o cuestionaron la reforma.
Por el contrario, desde el espacio vinculado al gobernador Gustavo Sáenz hubo intervención directa. El diputado nacional Pablo Outes fue una de las voces salteñas que defendió la modificación, bajo la premisa de “alentar la minería” como motor de desarrollo económico regional. Su postura se enmarca en una estrategia provincial que busca potenciar inversiones en recursos naturales, especialmente en el litio y la minería metalífera.
La votación dejó en evidencia un posicionamiento político claro de Salta frente a un tema sensible: mientras sectores ambientales advierten sobre el impacto en la protección de los glaciares, desde la dirigencia local se prioriza el desarrollo productivo y la generación de divisas. Con la ley ya aprobada, el foco ahora se traslada a su implementación y a las posibles derivaciones judiciales que ya anticipa la oposición.
