SALTA.- (Por Renato Ocampo) Resulta conmovedor observar cómo la política salteña, en un arrebato de sofisticación legislativa, ha decidido que la pobreza no se soluciona con pan, sino con barrotes. La reforma del Código Contravencional que hoy desvela a nuestros ilustres Diputados no es más que un ejercicio de prestidigitación: transformar un síntoma de la marginalidad en un delito de «estética urbana».
El intendente Emiliano Durand, con esa sonrisa de quien acaba de descubrir el fuego, celebra que la Policía y las fiscalías tengan ahora “más herramientas”. Es curioso que un jefe comunal cuya principal limitación, según sus propias palabras, es la carencia de una policía municipal, encuentre tanto regocijo en delegar la gestión del espacio público al sistema penal. Pareciera que para Durand, la política social es un estorbo que se resuelve mejor con un calabozo que con una oficina de empleo.
La reforma, que ya arrastra el beneplácito de un Senado siempre dispuesto a la mano dura desde diciembre pasado, propone la incorporación del artículo 77 bis: hasta 40 días de arresto para quien ose cobrar por cuidar un vehículo sin el «aval legal» correspondiente. La elegancia de la norma es tal que incluso indexa las multas al valor de la nafta de mayor precio, asegurando que la inflación no afecte la rentabilidad de la persecución. Es en esencia, un impuesto al desamparo.
Sin embargo, detrás de este barniz de «seguridad ciudadana» y «ordenamiento del tránsito», subyace una ceguera logística digna de una comedia de enredos. Nuestros legisladores, en su afán de complicidad con el Ejecutivo municipal, parecen ignorar un detalle pedestre: las cárceles y la Alcaidía General no son hoteles de lujo con disponibilidad inmediata. En una provincia donde los reos se fugan por la madrugada —como el reciente y pintoresco caso de Jonathan Peloc, alias “Camboya”—, pretender saturar aún más los espacios de detención con ciudadanos cuyo único crimen es la supervivencia informal roza lo ridículo.
¿Dónde piensa el intendente que se alojarán estos nuevos «huéspedes» del Estado durante sus 40 días de reflexión forzada? ¿En qué rincón de una fuerza policial ya sobrepasada por el delito complejo se encontrarán los recursos para patrullar las 20 cuadras a la redonda de cada evento masivo en busca de trapitos?
La Legislatura Provincial, por su parte, actúa como el coro necesario de esta tragedia. En lugar de interpelar la viabilidad de una medida que solo profundiza la brecha social, se encamina a dar el «paso decisivo» hacia la criminalización de la pobreza. Es mucho más sencillo votar un arresto que diseñar una política de inclusión.
Al final del día, la Salta que nos proponen Durand y sus aliados legislativos es una ciudad de fachadas limpias y almas rotas. Una ciudad donde el éxito de una gestión se mide por la cantidad de personas que logramos esconder de la vista de los «buenos vecinos», aunque para ello tengamos que convertir nuestra Alcaidía en un depósito de marginados y a nuestra Policía en un servicio de valet parking con esposas. Elegante, por supuesto, pero profundamente cruel e impracticable.
