SALTA – Tras semanas de tensión y un silencio que rozaba el conflicto de poderes, el Concejo Deliberante formalizó la convocatoria a una sesión especial para el próximo miércoles 29. El objetivo es taxativo: tratar la destitución de Aldo Dalmiro Gonza, el concejal que, a pesar de cargar con una condena penal de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se aferra a su banca desafiando la lógica jurídica y el decoro legislativo.
La situación de Aldo Gonza no es un evento aislado, sino el último eslabón de una estructura de poder familiar que parece desmoronarse bajo el peso de las pruebas. Su hermano, el exintendente Ernesto “Kila” Gonza, ya se encuentra tras las rejas en el penal de Villa Las Rosas, cumpliendo una condena de siete años. Sin embargo, el caso de Aldo presenta una complejidad política adicional: la resistencia de un funcionario electo a acatar un fallo que lo señala como partícipe necesario en el delito de peculado.
Entre la ley y la impunidad
Desde una perspectiva política, la sesión especial no es solo un trámite administrativo, sino una respuesta a la crisis de legitimidad que atraviesa el cuerpo legislativo. La permanencia de Gonza en su cargo, un mes después de ser condenado a tres años de prisión condicional, ha generado un desgaste innecesario en la confianza pública. En términos de análisis institucional, el caso pone de manifiesto la urgencia de aplicar la «Ficha Limpia» de manera efectiva, demostrando que el voto popular no puede ser utilizado como un escudo ante la malversación de fondos públicos.
La investigación, que reveló un esquema de extracciones discrecionales de efectivo y rendiciones irregulares, describe una forma de hacer política basada en el manejo patrimonialista del Estado. Para la actual gestión municipal, la destitución de Gonza representa el triunfo de la auditoría como herramienta de saneamiento. No se trata solo de una victoria judicial, sino de un mensaje político hacia el electorado: el fin de una era donde los recursos de los vecinos de San Lorenzo eran administrados como un activo personal.
El desenlace del próximo miércoles marcará un precedente fundamental para la provincia de Salta. La pregunta que flota en el ambiente político no es solo si habrá votos suficientes para la destitución —algo que se descuenta dada la gravedad del fallo— sino cuánto daño residual dejará en la institucionalidad de San Lorenzo este intento de sostener lo insostenible. La inhabilitación absoluta perpetua dictada por la Justicia es, en última instancia, el certificado de defunción política para un apellido que, durante más de una década, fue sinónimo de poder absoluto en la localidad.
