SALTA – El desentierro del carnaval, una de las celebraciones más emblemáticas del calendario local, quedó bajo sospecha por cuestionamientos a la organización, el manejo de fondos y la falta de información oficial. La polémica ya trascendió el ámbito municipal y escaló a la agenda provincial.
Las denuncias en torno al tradicional Desentierro del Carnaval en Rosario de Lerma dejaron de ser un murmullo local para convertirse en un tema político de mayor alcance. La amplificación de los cuestionamientos expuso ante una audiencia más aún las dudas sobre cómo se organizó el evento, qué criterios se utilizaron para la asignación de recursos y por qué no hubo información oficial clara que respalde las decisiones adoptadas.
En ese marco, el concejal Matías Cruz tomó protagonismo al visibilizar públicamente las irregularidades. “Situaciones que no podemos dejar pasar y que merecen ser visibilizadas”, sostuvo, al tiempo que agradeció el espacio mediático para plantear preocupaciones que, según indicó, atraviesan a buena parte de la comunidad. Su intervención no solo refuerza la existencia de un conflicto político en curso. También evidencia una estrategia de trasladar el debate al plano provincial ante la aparente falta de respuestas locales.
El núcleo del problema no es únicamente administrativo, sino profundamente político. La opacidad en la gestión de eventos públicos —especialmente aquellos que implican recursos económicos y alta participación social— erosiona la confianza institucional. Cuando una celebración cultural termina envuelta en sospechas, el costo no se limita a la coyuntura: impacta en la credibilidad de quienes gobiernan y en la legitimidad de las decisiones futuras.
Cruz también apuntó al dilema que enfrentan los dirigentes en contextos de este tipo: “Es lamentable tener que hablar de estos temas cuando queremos mostrar lo mejor de nuestro pueblo”. Sin embargo, subrayó que informar y “poner sobre la mesa lo que está mal” forma parte de la responsabilidad política. Esta tensión entre preservar la imagen local y exponer irregularidades refleja un escenario donde la presión pública comienza a jugar un rol determinante.
En términos más amplios, el caso de Rosario de Lerma ilustra una dinámica recurrente en la política municipal: cuando los canales institucionales de rendición de cuentas se debilitan, los actores opositores y los medios se convierten en vectores centrales de control. La escalada del conflicto sugiere que el tema difícilmente se diluya sin explicaciones concretas. Por el contrario, todo indica que la demanda por transparencia seguirá creciendo, empujando a la gestión local a dar respuestas precisas si pretende contener el desgaste político que ya comenzó a hacerse visible.
