SALTA – Entre la lógica del orden fiscal y la concentración de decisiones, el mecanismo sobre la gestión del presupuesto participativo sigue sin consolidarse. La ciudad de Salta cuenta con una herramienta institucional diseñada para ampliar la participación ciudadana en la asignación del gasto público: la Ordenanza Nº 15.982 de presupuesto participativo. La norma no deja demasiado margen a la interpretación: establece que el Ejecutivo municipal debe destinar un porcentaje específico de recursos para que los vecinos definan, mediante mecanismos deliberativos, qué obras o intervenciones priorizar. Sin embargo, en la práctica, la gestión del intendente Emiliano Durand no evidencia una implementación sostenida ni visible de este esquema.
El primer factor que explica esta omisión es de carácter político-administrativo. El presupuesto participativo implica ceder poder de decisión. No se trata solo de abrir instancias de consulta simbólica, sino de permitir que una porción del gasto quede efectivamente condicionada por la voluntad vecinal. En un contexto donde los gobiernos locales suelen priorizar la ejecución rápida y centralizada de obras, este tipo de herramientas tiende a percibirse como un obstáculo más que como un activo.
A esto se suma una segunda variable: la narrativa de gestión. Desde su asunción, Durand ha insistido en la necesidad de ordenar las cuentas municipales y optimizar recursos. Este enfoque, alineado con una lógica de eficiencia fiscal, suele entrar en tensión con mecanismos participativos que requieren tiempos más largos, procesos deliberativos y estructuras administrativas específicas. En otras palabras, el presupuesto participativo no encaja fácilmente en un modelo de gestión orientado a resultados inmediatos y controlados desde el Ejecutivo.
Un tercer elemento es la débil presión institucional. Si bien el Concejo Deliberante ha solicitado informes sobre la aplicación de la ordenanza, no se observa una escalada política que obligue al Ejecutivo a cumplirla de manera estricta. En ausencia de costos políticos claros por el incumplimiento, la norma queda relegada a un plano formal.
Finalmente, hay un componente estructural: implementar el presupuesto participativo exige diseño técnico, segmentación territorial, instancias de votación y seguimiento de obras. No es un proceso automático. Requiere voluntad política sostenida y capacidad operativa, dos factores que, hasta el momento, no se traducen en acciones concretas.
En síntesis, la falta de aplicación del presupuesto participativo en la gestión de Emiliano Durán no parece responder a un vacío legal, sino a una decisión política implícita. La herramienta existe, la obligación también; lo que falta es convertirla en prioridad.
