SALTA – En medio de la disputa política por la reforma electoral, el jefe de Gabinete salteño, Sergio Camacho, eligió correr el eje del debate y lanzar una crítica estructural al gobierno nacional. Su planteo no fue técnico ni jurídico, sino profundamente político: redefinir el “fraude” no como manipulación electoral, sino como una forma de engaño social sostenido desde la gestión.
Durante una entrevista con el periodista Mario Ernesto Peña, Camacho fue categórico: “Fraude es haber dejado tiradas 2000 viviendas, abandonar la obra pública y no decirle la verdad a la gente”. La declaración no solo apunta a desacreditar el discurso libertario, sino que busca instalar una narrativa alternativa donde el incumplimiento de promesas y el retiro del Estado constituyen una estafa política de mayor escala.
El núcleo de su crítica se apoya en datos concretos sobre el impacto del ajuste nacional en Salta. Según explicó, la caída de la coparticipación y la eliminación de aportes no automáticos —clave para sostener áreas sensibles— generaron un desfinanciamiento equivalente a seis meses de sueldos provinciales. Este dato expone la magnitud del recorte y deja en evidencia que el ajuste no es neutro: tiene consecuencias directas sobre la capacidad operativa del Estado provincial.
Entre los sectores afectados, Sergio Camacho enumeró el incentivo docente, la provisión de medicamentos oncológicos, el sistema de salud y los subsidios al transporte y al combustible. Se trata de políticas que impactan de manera inmediata en la vida cotidiana, lo que refuerza su argumento de que el problema de fondo no es electoral, sino económico y social.
La crítica también se extendió a la infraestructura, particularmente al estado de las rutas nacionales en el norte del país. “Se van a volver intransitables”, advirtió, en un diagnóstico que combina desinversión con riesgo productivo. En esa misma línea, rechazó la propuesta de transferir el mantenimiento de rutas a las provincias, al considerar que implica una delegación de responsabilidades sin la correspondiente asignación de recursos.
El planteo de Camacho no es aislado: se inscribe en una creciente tensión entre las provincias y la administración central. Sin embargo, su dureza discursiva marca un punto de inflexión. Al redefinir el “fraude” como abandono estatal, no solo confronta con el oficialismo nacional, sino que interpela directamente la legitimidad del modelo económico vigente.
En definitiva, la crítica del funcionario salteño busca reordenar el debate público. Esto es desplazar la discusión de lo formal a lo material, de las reglas electorales a las condiciones reales de gobierno. Y en ese movimiento, instala una acusación más incómoda para la Nación: que el verdadero problema no es cómo se vota, sino cómo se gobierna.
