SALTA – Hay decisiones que no necesitan demasiada explicación: se explican solas. En medio de un discurso oficial del Gobierno provincial que baja en modo “austeridad” por cadena de voceros, aparece —con precisión quirúrgica— un beneficio económico para uno de los artistas más cotizados de la provincia. El contraste no solo es evidente; es incómodo. Mientras muchos trabajadores de la cultura peregrinan durante años para acceder a esa misma “jubilación”, acá todo fluyó con una velocidad que ya quisieran otras áreas del Estado. Si esto no es un problema de timing, al menos lo disimula muy mal.
La celeridad de la Fiscalía de Estado y la Secretaría de Cultura para dictaminar el otorgamiento —equivalente a un Nivel 13 del escalafón administrativo— deja en claro que el Estado puede ser ágil cuando quiere. O mejor dicho, cuando decide para quién. La retribución, que rondaría los 600.000 pesos mensuales, terminó de encender el debate.
Nadie pone en duda la trayectoria del Chaqueño como músico; lo que sí se discute es la oportunidad. Sobre todo cuando, puestos los números en la balanza, sus ingresos por presentación superan ampliamente los 100 millones de pesos: en la última Serenata, su caché fue de 109 millones. En una provincia con urgencias estructurales —donde la falta de infraestructura básica y las carencias sociales no admiten metáforas— la escena roza lo insólito.
Después de que la información se filtrara y circulara por todos los medios, llegó el intento de reencuadre: el músico anunció que donará el ingreso a su propia fundación, Rancho Ñato. Incluso la defensa en términos de “derecho adquirido” buscó ordenar el debate en el plano técnico.
Pero el dato político ya está instalado y es difícil de revertir: la señal que se emite no dialoga con el contexto que el propio Gobierno describe. No es solo lo que se hace, sino cuándo y cómo se hace. Y ahí es donde quienes deberían cuidar la agenda del gobernador Gustavo Sáenz: claramente, llegaron tarde… o no llegaron.
