SALTA.- (Por Renato Ocampo) En el complejo tablero de la política municipal, el Concejo Deliberante de Salta atraviesa un periodo de introspección forzada ante la erosión de su vínculo con la ciudadanía.
En dialogo con EL INTRA la concejal Agustina Álvarez Eichele, describe que este fenómeno no es coyuntural, sino el síntoma de un proceso histórico, señalando que «hace muchos años se vio o se evidenció una decadencia con respecto a la política y a los políticos».
Esta degradación institucional se traduce en una desconexión palpable con el electorado, pues según su análisis, «esa decadencia es más que evidente y la vemos con respecto a la falta de ganas de involucrarse que tiene la sociedad o al descreimiento», manifestándose incluso en la «baja participación electoral que tenemos por parte de nuestra sociedad salteña». Frente a este escenario, el rol del legislador local se vuelve crítico, ya que el cuerpo debe funcionar como la «caja de resonancia de lo que nos transmite la sociedad salteña y sobre lo que nos transmiten los ciudadanos».
Álvarez Eichele defiende la necesidad de que el recinto sea un espacio de debate amplio, argumentando que «tenemos el deber de hablar de cuestiones que, en definitiva, terminan siendo transversales a todos los ciudadanos de Salta», ya que incluso ante modificaciones de índole nacional o provincial «a la gente le interesa conocer la opinión de quiénes los representan». No obstante, esta función representativa choca frecuentemente con una agenda parlamentaria que parece perderse en lo accesorio.
La crítica de la edil se profundiza al observar las prioridades temáticas del cuerpo, advirtiendo que «deberíamos trabajar en ordenanzas que realmente le cambien la vida a los salteños». En su diagnóstico, existe una «falta de trabajo en cuestiones profundas» que relega soluciones urgentes por debates de menor impacto social.
Álvarez Eichele ejemplifica esta distorsión de prioridades al señalar que el foco debería estar en la «baja de impuestos, reglas claras con respecto a la nocturnidad, habilitaciones, y un montón de cuestiones más que realmente le cambiarían la vida a la gente», evitando así «enfocarnos o profundizar en si va a ser el día del pingüino o no en la ciudad de Salta».
La parálisis legislativa se vuelve evidente cuando proyectos estructurales quedan atrapados en la burocracia de las comisiones; la concejal revela que posee un «proyecto de nocturnidad hace más de tres años que sigue sin tener un tratamiento», impidiendo que el mismo «llegue al recinto y se debata». Esta inacción no es casual, sino el resultado de un «concejo deliberante muy fragmentado, con posiciones totalmente distintas», donde la incapacidad de alcanzar consensos mínimos hace que muchos proyectos «ni siquiera llegen al recinto para ser debatidos porque no logramos ponernos de acuerdo en las comisiones».
Más allá de la producción de nuevas normas, la eficacia del Concejo se ve socavada por la falta de ejecución de lo ya legislado. Alvarez Eichele sostiene que «podemos tener normas que sean excelentes, pero que después, si no se cumplen, si no se controlan o si no se ejecutan, terminan en letra muerta», fracasando en su objetivo de brindar soluciones tangibles. Este vacío se debe, en gran medida, a la «falta de cumplimiento de la normativa o la falta de control por parte del ejecutivo municipal», lo que genera un ciclo de propuestas que «terminan sin resolver las cuestiones de fondo».
A pesar de esta debilidad en el control, la concejal defiende la proliferación de proyectos de resolución, aclarando que «siempre han existido y siempre van a existir» debido a que son la herramienta para solicitar que el Ejecutivo atienda urgencias cotidianas como «un bache, si hay algún problema, si es necesaria la poda, si hay que hacer un recambio de luminarias». Sin embargo, la labor de control se encuentra actualmente bloqueada por una opacidad administrativa sistemática.
La edil manifiesta con preocupación que «no comprendo que no se dé lugar a que se respondan los pedidos de informes o a que los pedidos de informes se aprueben y lleguen al ejecutivo municipal», una situación que priva a los concejales del «conocimiento sobre lo que está pasando en la ciudad» necesario para legislar. La utilización de mecanismos dilatorios, como la «prórroga que contiene la ordenanza que regula los pedidos de informes», termina por asfixiar la iniciativa legislativa, «retrasando mucho las decisiones que se tienen que tomar desde el concejo deliberante» y postergando, una vez más, las soluciones que la ciudadanía demanda con urgencia.
