SALTA – La senadora nacional Flavia Royón hizo público su apoyo a la universidad pública, destacando su rol como egresada de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). No obstante, pese a reconocer la importancia de la educación y las oportunidades que brinda a jóvenes de todos los sectores sociales, la funcionaria de Primero los Salteños también fue parte del recorte financiero durante la votación del Presupuesto 2026, en donde inauguró su apoyo a las iniciativas del Gobierno nacional.
«Gracias a la universidad pública, miles de jóvenes pueden formarse, crecer y construir un futuro sin importar de dónde vienen. Defenderla es defender oportunidades, talento y desarrollo para toda la Argentina», posteó el día martes luego de realizarse la cuarta Marcha Federal Universitaria en la provincia y en todo el país.
El ajuste que Royón apoyó
Su acompañamiento genera incertidumbre debido a la contradicción misma de su discurso con sus acciones. El 26 de diciembre de 2025, Royón votó a favor de la Ley de Presupuesto aunque este señalara explícitamente una reducción importante no sólo al financiamiento universitario, sino también a las escuelas técnicas.
Uno de los puntos más llamativos fue la eliminación de la obligación legal de destinar el 6% del PBI a educación, lo que dejó el financiamiento librado a la discrecionalidad del Ejecutivo. Asimismo, se derogó la progresividad del financiamiento en ciencia y tecnología hasta 2032, lo cual afecta no sólo a instituciones universitarias, sino también a centros de desarrollo tecnológico y científico.
Por último, el Presupuesto 2026 recortó el 93% los fondos destinados a escuelas técnicas. Se eliminó, de este modo, el piso mínimo del 0,2% del gasto educativo que garantizaba recursos para la formación técnica y profesional.
El apoyo de Flavia Royón siembra nuevamente dudas sobre el posicionamiento del oficialismo provincial en el Poder Legislativo. Mientras las críticas por la reducción de transferencias de fondos no paran de crecer, la acción en el Congreso va en sentido contrario, pese a los reclamos sociales no sólo en educación, sino también en salud, infraestructura, seguridad y producción.
