SALTA.- (Por Diego Nofal) En la provincia de Salta, el gobierno ha encontrado una herramienta legal tan versátil como inquietante para silenciar las voces críticas, y esa herramienta se llama intimidación pública, una figura que en el último año se ha convertido en el ariete del Ministerio Público Fiscal. Lo que resulta aún más preocupante es la naturalidad con la que se recurre a esta figura para acallar cualquier disidencia política o periodística, como si se tratara de un recurso administrativo más y no de una herramienta penal.
Durante el 2025, el Gobierno provincial usó esta figura para perseguir a periodistas, creadores de contenido y hasta un diputado nacional que osaron criticar la gestión, y entre los imputados se encontraba el director de este mismo diario digital.
La acusación contra el parlamentario se basó en publicaciones de TikTok que, según la fiscalía, podían causar intimidación pública, un argumento que raya en lo absurdo si se considera el contenido de los videos. Pero lo más grave de este caso es que los únicos condenados fueron los testigos que usaron para fraguar la acusación.
La causa, contra el dueño de este medio fue aún más disparatada. Lo acusaron de crear una cuenta en redes sociales para difamar al gobernador. Vamos muchachos, somos el único diario genuinamente opositor si queremos criticar a alguien ponemos nuestros nombres y apellidos como hemos hecho siempre, no necesitamos cuentas fakes, nos basta con la convicción de estar diciendo la verdad y con el coraje de saber que nos enfrentamos a una querella judicial con cada nota que publicamos. Según deslizó alguna fuente judicial, la jueza del poder Ada Zunino, habría sobrevolado “aconsejando” a testigos de la causa contra este medio, pero dado el blindaje que tiene la ex magistrada jamás pudimos confirmar esa versión.
Como era de esperarse, nunca prosperó porque la acusación era absolutamente ridícula, pero el objetivo no era ganar el juicio sino instalar el miedo entre los opositores y lograr una suerte de casa de brujas mediática. La fiscal Sofía Cornejo Solá fue la encargada de abrir la feria judicial para investigar a cinco personas por publicar videos en TikTok que no eran del agrado del gobierno.
Su papelón fue tan grande que la Justicia Federal le recomendó estudiar más y entender el real alcance de las figuras penales, una reprimenda que en el mundillo judicial equivale a un tirón de orejas público. La fiscalía de ciberdelitos, que suele ocuparse de grooming y pornografía infantil, dedicó su única causa por intimidación pública a este caso, lo que demuestra la selectividad de la persecución, según reveló una investigación de El Intra.
La intimidación pública, tipificada en el artículo 211 del Código Penal, está diseñada para sancionar a quienes infunden un temor tal que pueda generar tumultos y desestabilización institucional, no para perseguir a quienes publican videos en redes sociales o critican a una empresa estatal. Resulta evidente que el gobierno ha decidido ignorar el espíritu de la ley para convertirla en un garrote contra sus detractores, una práctica que erosiona la confianza en las instituciones judiciales.
Ahora la historia se repite con el caso de Aguas del Norte y su presidente Ignacio Jarsún, quienes denunciaron por intimidación pública a Lucía Pastrana, asesora de la senadora Emilia Orozco, por una supuesta campaña de desprestigio tras la muerte de dos operarios en Rivadavia Banda Sur, tal como informó El Intra en una nota reciente. Los trabajadores fueron enviados a realizar tareas en un pozo sin el equipo de protección adecuado, y la tragedia puso en evidencia la negligencia de la empresa, que ahora intenta acallar las críticas con una denuncia penal.
En lugar de responder con mejoras en las condiciones de seguridad laboral y asumir la responsabilidad, la empresa optó por denunciar a los críticos, una estrategia que busca desviar la atención del verdadero problema y amedrentar a quienes exigen explicaciones. La denuncia sostiene que la publicación de un instructivo en redes constituye una alteración a la tranquilidad pública, un argumento que haría reír si no fuera tan grave por las implicaciones que tiene para la libertad de expresión en la provincia. Ahora la suerte de la causa quedó en manos de Pedro García Castiella, el jefe de los fiscales, desde ahí seguirá camino a la fiscalía que debe instruir la causa.
Resulta irónico que una figura creada para evitar desórdenes institucionales se utilice para generar un clima de intimidación y autocensura en Salta, donde cada vez más voces prefieren callar antes que enfrentar una denuncia absurda. El mensaje es claro, quien critique al gobierno se arriesga a ser imputado por un delito que no cometió, en un proceso que desgasta y atemoriza incluso si no llega a condena.
El gobernador y su entorno parecen haber descubierto que el sistema judicial puede ser un aliado para silenciar a la prensa y a los opositores, siempre que se cuente con fiscales dispuestos a interpretar la ley de manera creativa y conveniente. La fiscal Cornejo Solá, con su actuación de 2025, demostró que hay funcionarios judiciales que no dudan en prestarse a este juego peligroso para la democracia y que las leyes pueden torcerse al servicio del poder político.
El gobierno debería recordar que la libertad de expresión es un derecho fundamental y que el uso abusivo de la ley solo revela la debilidad de sus argumentos y el temor a la crítica ciudadana, algo que desde este diario seguiremos ejerciendo con firmeza. La intimidación pública no será el instrumento que nos haga callar, por más que algunos funcionarios se empeñen en demostrar lo contrario con sus ridículas denuncias.
La verdad debe contarse entera, siempre. Para aportar información, puteadas y amenazas diegonofal@gmail.com
X @turconofal.
