SALTA – El tramo de la Ruta Nacional 9/34 que une las ciudades de Metán y Rosario de la Frontera es, desde hace meses, uno de los temas centrales y prioritarios en la agenda del gobierno provincial. Y no por avances concretos, sino por la razón de siempre: el abandono, la desidia y la falta de una solución real y definitiva a un problema que lleva décadas costando vidas.
Históricamente conocida como “la ruta de la muerte”, la traza acumula años de reclamos, promesas incumplidas y parches momentáneos que no hacen más que posponer lo inevitable. Baches profundos, asfalto detonado, maniobras de riesgo a cualquier hora del día o de la noche: el peligro no es una percepción, es una realidad que queda documentada semana a semana en los videos que los propios usuarios comparten en redes sociales. Imágenes que se vuelven virales, generan indignación, se comentan… y se olvidan. Hasta el próximo accidente.
Por jurisdicción, el mantenimiento y la reparación de este corredor vial corresponden exclusivamente a Vialidad Nacional. Sin embargo, desde octubre del año pasado el Estado nacional dejó de cumplir con los compromisos de pago asumidos para la ejecución de las obras. El resultado es predecible: ante la millonaria deuda, las empresas contratistas redujeron su intervención a tareas de mantenimiento mínimo en un radio de apenas 800 metros, dejando el resto del trayecto en total abandono. No es una crisis nueva. Es la misma crisis de siempre, con distinto gobierno de turno y el mismo libreto de siempre.
En ese contexto, la apertura de sobres de la licitación para la nueva concesión del tramo NOA de la ruta 9/34, prevista para el 18 de mayo según la Resolución 174/2026 publicada en el Boletín Oficial, finalmente no se concretó. El proceso, que había generado expectativa dado el interés de más de una decena de empresas privadas, vuelve a quedar en suspenso. Una nueva postergación que se suma a una larga cadena de anuncios sin cumplimiento, y que deja en evidencia que la solución estructural sigue siendo una promesa diferida.
Mientras la ruta se cae a pedazos, en las redes sociales circula otro tipo de contenido con igual persistencia: las fotografías de legisladores libertarios posando junto a autoridades nacionales en reuniones porteñas, anunciando gestiones y celebrando supuestos avances que nunca terminan de materializarse en el asfalto. La pregunta que sobrevuela la región es tan vieja como el problema mismo, pero hoy adquiere una vigencia irritante: ¿dónde están la senadora Emilia Orozco, nacida precisamente en Rosario de la Frontera y parte del tramo más castigado de esta ruta; el senador Gonzalo Guzmán Coraita; y los diputados nacionales Carlos Zapata, Julio Moreno y Gabriela Flores? Los cinco representan a La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación, el mismo espacio político que conduce el gobierno nacional responsable de enviar los fondos que nunca llegan. Tienen la cercanía al poder. Tienen los contactos. Tienen la responsabilidad. Y, sin embargo, la ruta sigue igual.
Viajar por ese tramo no es una incomodidad, es un riesgo concreto para la vida.
Y ese riesgo no se resuelve con viajes a Buenos Aires, ni con fotos de reuniones, ni con declaraciones de buenas intenciones. Se resuelve con fondos, con obras y con voluntad política real, no con la que se exhibe para la foto. Mientras eso no ocurra, la Ruta Nacional 9/34 seguirá siendo lo que siempre fue: el ingreso más peligroso a la provincia, y la prueba más elocuente de que, para esta zona, las promesas siguen siendo más abundantes que el asfalto.
