SALTA – La Cámara de Diputados de Salta recibió un pedido formal de juicio político contra la auditora general Elsa del Valle Pereyra Maidana. El diputado provincial Luis Albeza fue quien impulsó la presentación por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. La presentación ya fue girada a la Comisión de Juicio Político, que deberá analizar si existen elementos suficientes para avanzar con el proceso institucional.
El planteo apunta principalmente a las demoras en auditorías vinculadas al Fondo de Reparación Histórica. Según explicó Albeza, el expediente bajo análisis permanece desde 2022 dentro del área de competencia de Pereyra Maidana sin que exista todavía un informe definitivo.
Albeza descartó motivaciones personales y partidarias
El legislador sostuvo que se trata de una auditoría de carácter financiero y documental, con “alta trazabilidad”, por lo que consideró injustificable la extensión de los plazos. “Si vos encargás este trabajo a un estudio contable con cinco o seis profesionales, te lo hacen en seis meses”, afirmó. Sin embargo, señaló que el proceso lleva más de cuatro años sin resolución final.
La controversia tomó mayor dimensión luego de que la Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas reiterara el pedido de entrega de la auditoría financiera, reclamada desde diciembre de 2022. Hasta ahora, la única respuesta oficial habría sido la existencia de un “informe provisorio” todavía sujeto a descargos de los auditados.
En la presentación, Albeza remarcó que “esto no es una cuestión personal ni partidaria”, sino una obligación institucional frente a posibles irregularidades en un organismo clave de control del Estado. El expediente también menciona presuntas irregularidades procedimentales dentro de la Auditoría General de la Provincia, incluyendo observaciones sobre la tramitación interna de informes vinculados al Fondo de Reparación Histórica.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de los organismos de control en Salta y reabre las discusiones sobre la demora en esclarecer el manejo de uno de los fondos públicos más cuestionados de la historia reciente de la provincia. Mientras tanto, será la Comisión de Juicio Político la encargada de definir si el pedido prospera o queda archivado.
