SALTA – Durante la sesión en la que se reeligió a Federico Núñez Burgos como Defensor del Pueblo, el bloque libertario denunció irregularidades en el tratamiento de la Secretaría Letrada y apuntó contra el oficialismo provincial y municipal. La concejal Agustina Álvarez cuestionó con dureza la falta de acuerdo para designar al secretario letrado de la Defensoría del Pueblo y dejó una de las frases más fuertes de la sesión: “La falta de acuerdo tenía que ver con que entre los postulantes no había nadie que pudiera ser funcional al oficialismo provincial y municipal”.
El planteo se dio este miércoles durante la sesión del Concejo Deliberante capitalino, donde se trató la continuidad de Federico Núñez Burgos como Defensor del Pueblo y la situación de la Secretaría Letrada, cargo que finalmente fue declarado vacante por mayoría.
Origen de la tensión
En el orden del día, figuraba un dictamen mayoritario que impulsaba la reelección de Núñez Burgos y otros dos dictámenes de minoría que postulaban a Sebastián Aguirre Astigueta y Andrés Ignacio Sarain. En paralelo, el oficialismo avanzó con la declaración de vacancia de la Secretaría Letrada.
La controversia comenzó cuando la concejal Laura Jorge Saravia, de La Libertad Avanza, denunció que el dictamen de su bloque, que proponía a la abogada Luciana Barros para el cargo, no había sido incorporado pese a haber sido tratado previamente en comisión.
Durante el debate, Agustina Álvarez sostuvo que “es increíble que, habiendo transcurrido más de un año del inicio del proceso, no hubiera acuerdo sobre este punto”. Remarcó que Barros “reúne de manera excepcional los requisitos y características que exige la normativa”.
Además, la edil advirtió que mantener vacante el cargo afecta el funcionamiento institucional de la Defensoría, ya que el secretario letrado es el reemplazante natural del ombudsman.
Desde el oficialismo, el presidente del cuerpo, Darío Madile, junto a los concejales Eliana Chuchuy, José García y Gustavo Fahquarson, rechazaron las acusaciones y señalaron que las declaraciones de la oposición “afectaban la institucionalidad y credibilidad del cuerpo”. Finalmente, tras un cuarto intermedio, Núñez Burgos juró para un nuevo mandato de cuatro años.
