SALTA.- (Por Renato Ocampo) Con una deuda acumulada de 7000 millones de pesos y un déficit mensual asfixiante, los salteños están condenados a un sistema de transporte público en retirada. A partir de junio, los recortes nocturnos y la posible suspensión de servicios los domingos, marcan el fracaso de una gestión que ajusta siempre sobre los más vulnerables.
El discurso del «equilibrio financiero» que tanto pregona la administración provincial choca de frente con la realidad de las paradas de colectivos. Mientras el Ministerio de Economía ratifica cronogramas de pago para estatales, sugiriendo una solidez fiscal envidiable, el sistema de transporte SAETA se hunde en un déficit mensual de entre 3000 y 4000 millones de pesos. No es falta de dinero, es una falta de gestión de recursos y de prioridades en los servicios esenciales.
La excusa predilecta es la quita de subsidios nacionales, que en 2025 significó una pérdida de $2.290 millones mensuales para la provincia. Sin embargo, la gestión provincial parece haber decidido que ese bache lo deben tapar exclusivamente los usuarios. El sistema requiere hasta $14.000 millones mensuales para operar, pero el presupuesto fijado por el área económica es de apenas $10.450 millones. Esta brecha ha generado una deuda con las empresas prestatarias que ya alcanza los $7.000 millones, poniendo al servicio al borde del abismo.
Pagar más caro por un servicio peor
A partir del 1 de junio, el ajuste se hará carne en la piel de los trabajadores y estudiantes: reducción de servicios nocturnos y frecuencias de fin de semana; y posible suspensión total de colectivos los días domingos a partir de la segunda semana de junio.
A esto se suma la amenaza de paro total por parte de la UTA, que reclama $500 millones en diferencias salariales adeudadas. El costo de esta administración es, una vez más, para el vecino. No sólo se enfrenta a un boleto que ya cuesta $1.486, sino que ha visto cómo el transbordo dejó de ser gratuito y los beneficios para jubilados y estudiantes se licúan en medio de la crisis.
Es una ironía cruel que, mientras se gestionan créditos internacionales de millones de dólares para obras viales, no se pueda garantizar que un enfermero o un estudiante tenga un colectivo para volver a casa por la noche. El «equilibrio» del que presume el Gobierno no es más que un ajuste encubierto que se sostiene quitando derechos básicos. Si el transporte público, no es una prioridad, entonces el equilibrio financiero es solo un dibujo contable que le da la espalda a la gente.
