SALTA – Tras la restitución del servicio nocturno de colectivos en el área metropolitana de Salta, el vicegobernador Antonio Marocco apuntó contra el Gobierno nacional. En este sentido, atribuyó las dificultades que atraviesa el sistema de transporte a la falta de envío de fondos previstos por ley para el interior del país.
Luego de que SAETA y las empresas concesionarias alcanzaran un acuerdo que permitió normalizar la prestación durante la noche, Marocco sostuvo que el principal problema es la eliminación de recursos nacionales que históricamente contribuían al sostenimiento del servicio.
«Es una ley incumplida, punto. Hay una ley incumplida que no se cumple a nivel nacional y que antes era un aporte importante», afirmó el vicegobernador al referirse a los fondos vinculados al impuesto a los combustibles que, según planteó, dejaron de llegar a las provincias del interior.
En sus declaraciones, Marocco remarcó que no se trata de una asistencia discrecional por parte de la Nación, sino de recursos contemplados por ley para financiar el transporte público. «No es ningún aporte caritativo ni nada que se parezca, es una ley incumplida», insistió.
El dirigente también hizo referencia a la situación económica general y pidió que todos los sectores involucrados contemplen el contexto social al momento de discutir costos y rentabilidad. «Hay momentos en que esos beneficios deben acompañar a las realidades que vive la sociedad. Yo no puedo seguir ganando lo que ganaba porque hoy la sociedad tampoco está en condición», expresó.
Asimismo, defendió el rol del Gobierno provincial en el sostenimiento del sistema y aseguró que la Provincia cumplió con todas las obligaciones asumidas para garantizar el funcionamiento del transporte público.
«La Provincia ha cumplido hasta el día de hoy con todo lo que tiene que cumplir», señaló, al tiempo que indicó que la continuidad del servicio dependerá también de las negociaciones que lleven adelante SAETA y las empresas prestatarias.
Finalmente, Marocco reclamó una solución de fondo para la crisis financiera que atraviesa el sistema y volvió a exigir que los recursos derivados de la ley de combustibles sean distribuidos entre las provincias. Según sostuvo, la falta de esos fondos durante los últimos años generó un fuerte impacto en el transporte público del interior, obligando a los gobiernos provinciales a asumir mayores costos para sostener el servicio.
