El termómetro de la degradación institucional suele medirse en minutos. Para quienes seguimos la política con la paciencia casi zoológica del entomólogo, la última sesión del Concejo Deliberante de Salta ofreció una muestra gratis de esa irreversible lejanía que separa a la corporación política de las urgencias de la calle. La jornada arrancó pasadas las 17 y duró apenas una hora y cuarenta minutos. De ese magro total, una hora y veinte minutos se esfumó entre los homenajes por el aniversario del «Ni Una Menos» y el debate sobre un conflicto de SAETA que, para colmo, ya estaba resuelto.
¿El trabajo legisferante real? El tratamiento de las ordenanzas que afectan la vida cotidiana de los vecinos se despachó en unos módicos, casi despectivos, veinte minutos. Eso sí, lo que no faltó fue la calculada simpatía de los ediles para con la lánguida platea digital: “un saludo para quienes están prendidos a la transmisión”, se escuchó de manera reiterada en cada alocución. Un agradecimiento periférico para los pocos valientes que sintonizan YouTube.
La conmemoración de los once años de la primera marcha del Ni Una Menos instaló en el recinto una tensión sintomática. Las intervenciones de Malvina Gareca, Camila Lobo, Eliana Chuchuy y Gustavo Farquharson abrieron el juego con un diagnóstico crudo sobre la persistencia de los femicidios, apuntando de manera directa a la amputación de políticas públicas por parte del Gobierno de Javier Milei. Ante el estrado, el bloque de La Libertad Avanza ensayó una pirueta discursiva para eludir el costo del silencio, aunque mostrando las costuras de un libreto ostensiblemente fragmentado.
Florencia León optó por la vía de la abstracción doctrinaria. Intentó desmarcarse de la incomodidad refugiándose en la defensa irrestricta del derecho a la vida, para luego denunciar una supuesta partidización del reclamo. Su argumento se sintetizó en una queja de estética militante: «Me encantaría a mí sacar el tema del ni una menos de la política, pero me es imposible sacarlo cuando uno ve fotos y directamente salen con una banderita que dice Cristina Libre. Entonces, la política está metida en ciertas cuestiones que yo, obviamente, que voy a repudiar todo acto de violencia, todo atentado en contra la vida, contra la libertad y contra la propiedad privada».
Por su parte, Agustina Álvarez, en una metamorfosis política que la llevó de las filas del PRO al fervor libertario, prefirió una estrategia más audaz, combinando la estadística autocomplaciente con el federalismo de conveniencia. Afirmó que los índices de violencia descendieron desde la asunción de la nueva gestión nacional, pero de inmediato desmarcó a la Casa Rosada de cualquier responsabilidad ejecutiva.
El problema, para Álvarez, es estrictamente de jurisdicción local: «Quiero contarles, por si no sabían, que todas las cuestiones relacionadas a la violencia contra las mujeres, sobre todo en la provincia de Salta, dependen de la justicia de Salta, salvo que alguna cuestión muy específica lo vuelva a una cuestión federal. Ahora, en la provincia de Salta, hace 12 años que estamos con emergencia en materia de violencia de género. Es decir, hace 12 años no pueden dar respuestas. (…) ¿A usted le parece que con tres juzgados especializados en violencia de género en la provincia podemos resolver las cuestiones que estamos viviendo? (…) Gobernar no es ir a una marcha«.
La incómoda presencia del pasado inmediato
El debate sobre la violencia de género tuvo, además, un trasfondo de un cinismo explícito. La sesión estuvo marcada por la sombra de Pablo López, el concejal expulsado en agosto de 2025 tras las denuncias de su expareja por delitos gravísimos que incluyen lesiones leves agravadas por el vínculo, privación ilegítima de la libertad y concusión. Un caso que en el Concejo capitalino ya no representa una anomalía aislada, si se recuerda la suspensión de Maximiliano Casasola bajo acusaciones de similar tenor.
La conducta de López durante la tarde rozó el grotesco. Decidió levantarse de su banca para evitar los discursos de homenaje, en un intento casi infantil de eludir el espejo de su propia situación judicial. Volvió minutos después, soplando un reconfortante café, justo cuando el radical Ángel Ortiz solicitaba un minuto de silencio por las víctimas de femicidio. El destino y el protocolo lo obligaron a quedar atrapado en el homenaje que minutos antes había intentado esquivar.
La utopía de la combi y el «Juan» de la noche salteña
El plato fuerte del debate socioeconómico llegó con la crisis de SAETA. Fue el momento que los concejales libertarios tomaron la palabra y cuestionaron con rigor al Gobierno Provincial por la crisis del transporte en Salta. La concejal Érica Castro —en una alocución leída con tropiezos— abordó el colapso del transporte nocturno, que dejó a pie a miles de estudiantes y trabajadores de la salud y la gastronomía.
Su tesis fue la ortodoxia pura: «Durante años nos vendieron el relato de que el transporte público debió estar rígidamente regulado, subsidiado y controlado por el estado para proteger al ciudadano. ¿Cuál fue el resultado? SAETA dejó a pie a más de 3000 estudiantes (…) Los derechos no se quiebran, las empresas estatales sí. (…) Propongo, ¿cuál sería la alternativa? La libertad. Que cualquier persona pueda transportar, obviamente, dentro de los marcos legales. Que si Saeta no pueda andar de noche, que lo haga Juan con su combi, que lo haga una aplicación, que lo haga una cooperativa de choferes. No sé, pienso, abramos el juego, veamos. Y, si queremos ayudar, ayudemos a la persona, no a la empresa».
Defensas que hunden: el contraataque saencista
Frente a la embestida libertaria y de sus aliados circunstanciales, el oficialismo provincial envió a la trinchera a Laura García. Se trata de una dirigente de notable plasticidad política, cuyo tránsito del ultra kirchnerismo al ultra saencismo la posicionó esta vez como la espada defensora de la gestión de Grand Bourg.
García acusó a la oposición de practicar el «carancheo» político con la crisis del transporte. Su argumento se basó exclusivamente en el reproche por la quita del subsidio nacional y la retención del impuesto a los combustibles por parte de la Casa Rosada: «Era raro que el carancheo no esté hoy en esta sesión. Siempre el carancheo por algo está. (…) Salieron con el tema ahora del transporte. Les aviso que este gobierno provincial se hizo cargo del transporte de pasajeros en la ciudad de Salta».
«¿Se preguntaron esta gente por qué se llegó al límite con los colectivos? No, ellos caranchean y difaman… ustedes nos quitaron el subsidio del transporte. Su gobierno nacional se guarda el impuesto a los combustibles, se lo guardan, no los mandan a las provincias como corresponde. Y tienen el tupé de venir a hablar acá de derechos. Hay que ser atorrante, ¿no?», siguió.
