SALTA – (Por Renato Ocampo) La Municipalidad de Salta, bajo la conducción del intendente Emiliano Durand y el secretario de Tránsito Matías Assennato, ha puesto en marcha una nueva herramienta de control: el narcotest. En los recientes operativos realizados en la Av. Bicentenario, se secuestraron 17 vehículos, cuatro de ellos por dar positivo en sustancias. Si bien el discurso oficial se ampara en la consigna de «seguir salvando vidas», el trasfondo de estas medidas despierta fuertes sospechas sobre una voracidad recaudatoria que prioriza el castigo sobre la prevención.
El «circo» de los controles y el olvido de la educación
La implementación de estos equipos, cuyo costo de implementación ronda los 3 millones de pesos y cada tira reactiva tiene un valor de entre 37.000 y 65.000 mil pesos, parece contrastar con la nula inversión en educación vial u obras públicas para evitar siniestros. La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, a la cual el municipio adhiere, establece en su Artículo 9° la obligatoriedad de incluir la educación vial en todos los niveles de enseñanza y la difusión permanente de medidas preventivas. Sin embargo, en las calles de Salta, la presencia del Estado se limita a los retenes y las fotomultas.
Horacio Lagos, referente del autocultivo de cannabis en Salta, fue tajante al calificar la medida: «Se arma todo un circo que busca hacernos creer que nos cuidan». Para Lagos, estos operativos son un avance sobre derechos fundamentales: «Me parece que es avanzar sobre derechos humanos… la intimidad personal y la protección de estas cuestiones». El referente destaca que el cannabis es legal para tratamientos médicos bajo el programa REPROCANN y que, ante una indicación médica, «si hay una receta por detrás, me parece que no tiene que corresponder a ningún tipo de sanción».
Un marco legal que castiga, pero no educa
La gestión municipal se apoya en la Ordenanza N° 16.261 (que modifica la N° 14.395), la cual endurece las sanciones por faltas graves. Según el Artículo 79, inciso m de este anexo, la conducción bajo intoxicación de estupefacientes implica la pérdida de los 20 puntos de Scoring y el secuestro inmediato del vehículo.
A pesar de que el Artículo 21 de la Ley 24.449 exige que toda obra vial se ajuste a normas de seguridad y que se instalen sistemas de comunicación para emergencias, Salta sigue sumida en un mapa de desidia donde solo se ven carteles de fotomultas en lugar de bacheos o señalización adecuada. Lagos advierte sobre la falta de transparencia técnica: «Habría que ver si están homologados los equipos, qué tipo de homologación y de quién tienen».
Recaudación vs. Seguridad Real
La crítica no es una apología al consumo, sino una denuncia al enfoque punitivista. Mientras el secretario Matías Assennato celebra la efectividad de los tests que demoran 5 minutos, los ciudadanos se preguntan dónde están las campañas de concienciación en la vía pública. La normativa nacional prohíbe explícitamente en su Artículo 69, inciso g, el otorgamiento de gratificaciones al Estado o a los agentes basados en la cantidad de infracciones o en la recaudación realizada, buscando evitar precisamente que el control se convierta en una «caja».
Sin embargo, el esquema de penalidades en Salta, con unidades fijas atadas al precio del combustible de mayor octanaje, genera multas que ya alcanzan sumas millonarias. «Tenemos ya la alcoholemia hace muchos años… siguen apareciendo casos, siguen apareciendo accidentes gravísimos», señala Lagos, sugiriendo que el castigo por sí solo no resuelve el problema de fondo si no se acompaña de una política integral de bienestar y seguridad.
En definitiva, la gestión de Durand parece haber encontrado en el narcotest otra mina de oro bajo la excusa de la seguridad. Mientras no haya una sola obra vial nueva ni programas de educación reales en las escuelas, el narcotest seguirá siendo un nuevo peaje a la propiedad privada.
