SALTA – La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género N°1, Verónica Simesen de Bielke, cuestionó las posturas del presidente Javier Milei respecto de la figura del femicidio. En este sentido, advirtió sobre la importancia de reconocer las violencias específicas que sufren las mujeres.
En declaraciones públicas, la funcionaria sostuvo que el mandatario «no entiende el sentido de la figura de femicidio» y remarcó que no se puede desconocer una problemática que continúa provocando víctimas en todo el país. Según explicó, el agravante incorporado al Código Penal responde a una realidad concreta vinculada a la violencia ejercida contra las mujeres por razones de género.
«Estaría bueno que lea un poco más sobre el sentido. Esto viene desde los tribunales europeos desde hace 50, 60 años, no es algo nuevo que inventamos las argentinas», enfatizó la magistrada al mencionar que el Estado debe garantizar contención contra hechos de violencia de género.
La Justicia debe mejorar
Simesen de Bielke señaló además que el trabajo de la Justicia suele llegar cuando los hechos ya ocurrieron, por lo que consideró fundamental fortalecer las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento para las víctimas. En ese sentido, destacó la necesidad de contar con mayores herramientas para detectar situaciones de riesgo y evitar que los casos escalen hacia desenlaces fatales.
La fiscal también puso el foco en las consecuencias que dejan los femicidios en el entorno familiar, especialmente en los niños y adolescentes que quedan huérfanos tras estos crímenes. De esta forma, advirtió que las secuelas de estos hechos violentos se extienden mucho más allá de la víctima directa y destacó que la Ley Brisa, sancionada para este tipo de casos, no se está cumpliendo.
Las declaraciones se producen en medio del debate nacional impulsado por sectores del Gobierno libertario que han cuestionado la legislación vinculada a la perspectiva de género. Frente a ello, Simesen de Bielke defendió la necesidad de mantener herramientas jurídicas específicas para abordar una problemática que continúa siendo motivo de preocupación para organismos judiciales, sociales y de derechos humanos.
