SALTA – El sillón municipal de La Merced parece haberse convertido en un búnker de impunidad. Javier Rafael Wayar, el intendente que ya arrastra el pesado estigma social del “Caso Tomás”, sumó un nuevo y bochornoso capítulo en los tribunales salteños. En una reciente audiencia de admisibilidad de pruebas, quedó en evidencia el desespero de su defensa, que intentó frenar el avance de la justicia con tres planteos preliminares; una maniobra de manual que el juez de la causa sepultó rápidamente al rechazar dos de ellos por ser «asuntos ya juzgados» y postergar el tercero a la espera de una notificación formal.
Wayar camina hoy por la cornisa judicial, acorralado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado. La causa, que expone las vísceras de una gestión caracterizada por el manejo discrecional del Estado, nació de una denuncia del expresidente del Concejo Deliberante, Santiago Huerga, junto a un bloque de ediles que decidieron no ser cómplices.
Las dos caras de la corrupción institucional
La acusación fiscal contra el jefe comunal detalla un desprecio absoluto por las normas de transparencia democrática:
Peculado: en plena pandemia (septiembre de 2020), la cuenta bancaria de la Municipalidad de La Merced funcionó prácticamente como una caja de auxilio político. Se detectaron transferencias directas y totalmente injustificadas hacia las cuentas privadas de tres exconcejales.
Patrimonio entregado a dedo: Wayar también está imputado por ceder un inmueble del predio del matadero municipal a una asociación civil mediante un contrato de comodato. Fiel a su estilo autocrático, lo hizo saltándose la licitación pública y omitiendo la autorización del Concejo Deliberante, violando de forma flagrante la Carta Orgánica local.
El «Caso Tomás» y la sospecha del vaciamiento personal
Lo que define políticamente la gestión de Wayar no es solo la presunta malversación de fondos, sino la alarmante falta de ética humana. Paralelamente al frente penal, el intendente afronta un juicio civil por la muerte de Tomás Alancay, el niño de cinco años que falleció tras ser atropellado por un vehículo oficial del municipio.
Mientras la familia de la víctima busca un mínimo de justicia y reparación, la respuesta del intendente ante el vencimiento de los plazos de mediación obligatoria fue, cuanto menos, repudiable: desprenderse de su patrimonio.
Los asesores legales de la familia Alancay detectaron y denunciaron que Wayar inició una velocidad de transferencias flash de sus bienes inmuebles y vehículos particulares hacia la titularidad de su hermana y otros familiares directos. Una maniobra que en cualquier rincón de la política se lee como un intento burdo de declararse insolvente para eludir su responsabilidad civil.
La complicidad del silencio: ¿por qué sigue en su cargo?
Con semejante prontuario judicial, ético y humano a cuestas, resulta completamente inexplicable —o alarmantemente evidente— que Javier Rafael Wayar continúe atornillado a su despacho. En cualquier sistema democrático saludable, un mandatario acorralado por el desvío de fondos públicos y sospechado de vaciar su propio patrimonio para evitar responder por la muerte de un niño ya habría sido apartado de sus funciones. Sin embargo, en La Merced, los mecanismos institucionales de destitución parecen estar convenientemente oxidados, dejando a la comunidad bajo el mando de un intendente que gobierna únicamente para blindarse de la justicia.
Esta llamativa parálisis institucional se explica al levantar la alfombra de la Legislatura salteña, donde el dolor de una familia se convirtió en el tablero de una miserable guerra de intereses políticos.
¿Fue el bloque de La Libertad Avanza, bajo la voz del diputado Eduardo Virgili, el que insistió en el tratamiento sobre tablas del proyecto de intervención del municipio. Paradójicamente, la iniciativa original de intervención había sido presentada inmediatamente después de la tragedia por los propios legisladores del departamento Cerrillos (los diputados Carlos Jorge y Luis Albeza, y el senador Gonzalo Caro Dávalos), todos alineados políticamente con el gobernador Gustavo Sáenz.
¿Por qué el oficialismo provincial congela y pospone su propio proyecto en las comisiones mientras la calle hierve de indignación? La respuesta no es ética, es matemática electoral: el sucesor natural de Wayar, en caso de ser destituido o de avanzar la intervención, es el concejal libertario Enrique Humberto Torres.
Para el saencismo, entregar la intendencia a los libertarios en un territorio clave es un costo político que no están dispuestos a pagar, prefiriendo estirar la agonía institucional de La Merced y sostener al cuestionado intendente.
