SALTA – La senadora nacional Flavia Royón reconoció una de las principales críticas que los gobernadores vienen formulando sobre la gestión de Javier Milei: las provincias reciben cada vez menos recursos mientras deben seguir financiando servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Sin embargo, pese a describir un escenario de creciente presión sobre las cuentas provinciales, evitó cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional y ratificó su respaldo al objetivo del equilibrio fiscal.
Durante una entrevista con El Tribuno, Royón señaló que «la principal consecuencia es que se trasladan obligaciones sin trasladar recursos». Se trata de una definición que resume el reclamo que vienen sosteniendo distintas provincias frente al recorte de transferencias nacionales y la caída de fondos coparticipables.
La legisladora admitió que las administraciones provinciales continúan haciéndose cargo de hospitales, escuelas, fuerzas de seguridad y otros servicios esenciales, muchas veces sin contar con el financiamiento suficiente para sostenerlos. «Entonces se genera una tensión permanente sobre las cuentas provinciales», reconoció.
El sacrificio de las provincias por el equilibrio fiscal
Sin embargo, lejos de cuestionar las políticas de ajuste impulsadas por la gestión de Milei, Flavia Royón aclaró que no está en contra del equilibrio fiscal. «Creo que es indispensable», sostuvo, aunque planteó la necesidad de una discusión sobre la distribución de recursos y responsabilidades entre Nación y las provincias.
Las declaraciones dejan al descubierto una contradicción cada vez más frecuente entre dirigentes que respaldan al Gobierno nacional pero, al mismo tiempo, reconocen las consecuencias que sus medidas generan en los distritos del interior. Mientras las provincias enfrentan mayores costos para sostener servicios básicos y obras públicas, desde Nación se mantiene la política de reducción del gasto y recorte de transferencias.
En el caso de Salta, el impacto se refleja en áreas sensibles que dependen del financiamiento provincial. La administración de Gustavo Sáenz ha reiterado en distintas oportunidades que la provincia debió asumir gastos que anteriormente eran afrontados por el Estado nacional, especialmente en materia de infraestructura y obras viales.
Aunque Royón advirtió que el problema implica trasladar conflictos de un nivel del Estado a otro, evitó señalar responsabilidades concretas. Su postura refleja el delicado equilibrio político que mantienen algunos dirigentes dialoguistas: reconocen las dificultades que atraviesan las provincias, pero continúan respaldando el modelo económico que contribuye a profundizarlas.
