SALTA.- (Por Renato Ocampo) Mientras el Ministerio de Educación provincial encabezado por Cristina Fiore propone que el personal sea compartido entre distintos establecimientos ante la falta de recursos humanos, los trabajadores denuncian que esta medida solo busca maquillar años de desinversión y sobrecarga laboral.
El rechazo expresado por Cristian Haviar, secretario general de ATE Cafayate, pone el foco en una contradicción fundamental: las escuelas han aumentado su matrícula, pero la cantidad de personal de maestranza se mantiene estática, obligando a los actuales trabajadores a una sobrecarga insostenible. La solución oficial, plasmada en una circular que plantea el traslado de ordenanzas entre instituciones, ha sido calificada como un intento de «compartir la escasez» sin haber consultado previamente a los actores principales del sistema.
Este enfoque gubernamental parece alinearse con lo que algunos analistas locales describen como un «solucionismo» que intenta reformular problemas complejos de fondo como si fueran simples ajustes de organización. Sin embargo, en un contexto de urgencias estructurales, la falta de ideas y de presupuesto real deja al desnudo el vacío de las políticas públicas.
Vivir en la indigencia: El trasfondo de los $100.000
Para entender la resistencia de los trabajadores en junio de 2026, es imperativo recordar la base de su reclamo: la extrema precarización salarial. Desde inicios de año, se ha denunciado que más de 300 personas en el interior provincial cumplen tareas de limpieza bajo convenios municipales o el plan Potenciar Trabajo, percibiendo salarios de apenas $100.000 mensuales.
Este monto, que sitúa a los trabajadores en la indigencia, se percibe por jornadas de cuatro horas en las que, además de la labor física, deben lidiar con la falta de insumos básicos; en muchos casos, son los propios padres de los alumnos quienes deben aportar escobas y trapos para mantener la higiene de los edificios. La estabilidad es un lujo que no poseen, ya que sus contratos suelen ser temporales (de marzo a diciembre), dejándolos sin ingresos durante el verano y en un constante «limbo» laboral.
El contraste de realidades y el olvido del interior
La crítica política se agudiza al observar la desconexión entre la gestión y la realidad territorial. Mientras las trabajadoras se manifestaban en las puertas de la Casa de Gobierno en busca de mejoras, la ministra Fiore se mostraba en festejos oficiales de carnaval, evidenciando una fractura expuesta entre la agenda política y la miseria de quienes sostienen el sistema escolar.
Existe, además, una clara discriminación hacia el interior provincial. Mientras que en la Capital las designaciones suelen resolverse con mayor celeridad, los municipios del Valle y otras zonas alejadas permanecen sumidos en el silencio administrativo, poniendo en riesgo la seguridad sanitaria de los alumnos por la falta de personal garantizado.
Hacia una reunión clave
El gremio ATE ha convocado a una reunión para el próximo martes a las 19:00 horas, donde se espera la presencia de intendentes y legisladores para discutir la falta de cargos vacantes y las condiciones de trabajo. Los ordenanzas han sido claros: la solución no es el traslado entre escuelas, sino el pase a planta permanente y un salario digno que los saque de la postergación. En una Salta asediada por la crisis, el algoritmo de la gestión ya no puede ocultar que, sin ordenanzas valorados, el sistema educativo simplemente no funciona.
