SALTA – La concejal de La Libertad Avanza, Érica Castro, presentó dos proyectos en el Concejo Deliberante de Salta con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y garantizar el acceso a la información pública. Las iniciativas apuntan a evitar demoras en el tratamiento de los pedidos de informes y a establecer sanciones para los funcionarios que incumplan con los plazos de respuesta.
Uno de los proyectos propone modificar el funcionamiento de las comisiones del cuerpo deliberativo. Según la iniciativa, cuando un pedido de informes no sea tratado durante dos reuniones consecutivas de comisión, quedará automáticamente habilitado para ser debatido en el recinto.
La edil sostuvo que la medida busca impedir que determinados expedientes permanezcan paralizados durante largos períodos sin una justificación concreta. De esta manera, se pretende agilizar el tratamiento de herramientas de control impulsadas por los concejales.
El segundo proyecto establece un plazo máximo de 15 días hábiles para que el Ejecutivo Municipal de Salta responda los pedidos de informes aprobados por el Concejo Deliberante. Además, incorpora un régimen de sanciones para los casos de incumplimiento.
La propuesta fija una multa de 1.000 Unidades Tributarias para el funcionario responsable, a la que se sumarían 100 Unidades Tributarias por cada día de demora. De acuerdo con el proyecto, el monto será descontado directamente del salario del funcionario y destinado a entidades de bien público.
Castro explicó que ambas iniciativas buscan garantizar el acceso a la información pública y el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios municipales. En ese sentido, remarcó que la transparencia debe ser una herramienta central de la gestión pública.
Semanas atrás, durante una sesión del Concejo Deliberante, la dirigente libertaria había cuestionado las dificultades para acceder a determinada documentación vinculada a la administración municipal. «La transparencia no debería molestarle a nadie. Mucho menos cuando hablamos de plata de los contribuyentes», sostuvo.
Además, hizo referencia a una denuncia impulsada por la Asociación Civil de Defensoría al Contribuyente contra la Municipalidad de Salta, el Ente Descentralizado Mercado San Miguel y la Fundación San Miguel por presuntos delitos económicos contra la administración pública.
«Desde el bloque de La Libertad Avanza venimos insistiendo con algo básico: acceso a la información pública y transparencia. No buscamos incomodar a nadie con pedidos de informes o proyectos. Queremos que el vecino sepa qué paga y a dónde va su plata», afirmó Castro.
La concejal también señaló que, según la denuncia mencionada, no existiría un balance claro sobre una recaudación estimada en mil millones de pesos durante el último año. «Si no hay nada que ocultar, los funcionarios deberían presentarse, mostrar los documentos y despejar cualquier sospecha. Los salteños merecen cuentas claras», concluyó.
