SALTA.- En la política de Salta, los límites ideológicos son, desde hace tiempo, una frontera difusa. Sin embargo, el último salto acrobático del concejal Rodrigo Quinteros rompió el propio «peronómetro» y el «libertariómetro» al mismo tiempo. El edil, que llegó a su banca inflado por los vientos del cambio de La Libertad Avanza, parece haber encontrado su verdadera vocación: convertirse en el vocero oficialista del Grand Bourg más papista que el Papa.
A través de un video en sus redes sociales —con un análisis político que tiene menos profundidad que una pelopincho— Quinteros decidió meter los pies en el barro de la interna peronista. ¿El objetivo? Salir en defensa corporativa del gobernador Gustavo Sáenz y cruzar al exmandatario Juan Manuel Urtubey, quien osó recordar lo que dicta la jurisprudencia y la mismísima Constitución Nacional.
El miedo como argumento (o la falta de él)
«¿A qué le tiene miedo Urtubey?«, lanzó un osado Quinteros en sus redes, intentando bajarle el precio a una discusión jurídica de fondo con una chicana de comité. El «oficioso» vocero saencista intentó desviar el foco de atención, pero la realidad es tozuda.
Días atrás, Urtubey había puesto blanco sobre negro respecto a las pretensiones de Sáenz de ir por un tercer mandato en 2027. Lejos de la pirotecnia verbal, el exgobernador apeló a los archivos:
Urtubey explicó que cualquier impugnación deberá recorrer primero los carriles locales antes de llegar a Buenos Aires. En este sentido recordó que el último intérprete de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El exmandatario citó los fallos de Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Río Negro y San Juan. «En todos los casos la Corte dijo que no se podía», sentenció Urtubey.
¿Estrategia o «proscripción»?
Mientras Quinteros hace los deberes en las redes para ganarse el favor del oficialismo provincial, el propio gobernador Gustavo Sáenz ya empezó a abrir el paraguas. En una reciente entrevista, el mandatario provincial denunció un intento de «proscripción» en su contra, utilizando un término de fuerte carga histórica para victimizarse ante un eventual revés judicial.
La jugada del Grand Bourg es clara: instalar el operativo clamor y tildar de «antidemocrático» cualquier límite constitucional. Lo llamativo no es la defensa que hace el oficialismo de su líder, sino ver a un concejal presuntamente «libertario» —un espacio que a nivel nacional declama el respeto irrestricto a la República y las instituciones— actuando como el ariete de avanzada para justificar la permanencia indefinida en el poder de la casta provincial.
La interna salteña está que arde, y mientras los problemas de fondo de la provincia siguen esperando, en el barro de la política local algunos prefieren chapotear en la pelopincho del oportunismo.
