SALTA – La polémica por los desalojos en Cachi sumó un nuevo capítulo en Salta luego de que integrantes de una comunidad indígena del paraje Las Pailas denunciaran un procedimiento que calificaron como «violento» e «inconstitucional». Los referentes cuestionaron el accionar judicial y aseguraron que se vulneraron derechos reconocidos a los pueblos originarios.
Uno de los voceros de la comunidad, Héctor Fabián, sostuvo que existe una fuerte preocupación por el operativo llevado adelante en el territorio. Según afirmó, la medida se concretó pese a los planteos realizados por distintas instituciones para que la situación fuera revisada.
«Hay una complicidad muy amplia en el Poder Judicial. Hay más de 500 policías desplegados en nuestro territorio como si fuésemos delincuentes. Les molesta cuando reclamamos un derecho legítimo y ancestral», expresó el referente comunitario.
Además, señaló que la comunidad continúa en estado de asamblea permanente y ratificó la decisión de sostener el reclamo territorial. «Seguimos en resistencia permanente, en asamblea permanente y en uno de los mandatos de nuestra autoridad máxima, que es la asamblea general», manifestó.
Fabián también cuestionó la decisión judicial que habilitó el procedimiento y aseguró que existe normativa vigente que respalda la posesión ancestral de las tierras por parte de la comunidad. En ese sentido, recordó que los pueblos originarios cuentan con derechos reconocidos tanto por la Constitución Nacional como por distintos tratados internacionales.
«Seguimos esperando que la jueza tome conciencia de la ilegalidad que cometió en nuestros territorios, que hay un marco legal vigente que respalda y que fueron peleados y conseguidos por los pueblos originarios», afirmó.
El dirigente sostuvo además que desde distintos organismos se realizaron presentaciones para intentar frenar la medida, aunque aseguró que esos planteos no se tuvieron en cuenta.
«Desde diferentes instituciones del Gobierno se hicieron las presentaciones y peticiones para que se revean estas medidas, no hizo lugar y llevó adelante el actuar de más de 500 policías desplegados en nuestro territorio como si fuésemos delincuentes», remarcó.
Mientras continúa la controversia por el operativo, la comunidad mantiene su reclamo y exige que se revisen las actuaciones judiciales vinculadas al conflicto territorial en Las Pailas.
