SALTA (Por Renato Ocampo).- Emilia Orozco no utilizó eufemismos para describir lo que presenció durante las recientes elecciones en Colombia. Integrando una delegación del Foro de Madrid junto a veedores de más de 20 países, la senadora salteña aseguró, en dialogo con EL INTRA, que la región atraviesa una «batalla por la libertad» que calificó de «total», en un escenario donde la custodia del voto se volvió una tarea de riesgo frente a estructuras criminales.
Orozco fue tajante al señalar que el despliegue de casi 2.400 veedores fue la única barrera efectiva contra un sistema que, según sus palabras, buscó «consolidar un narcoestado y perforar las instituciones«. En su relato, Orozco destacó la figura de Abelardo de la Espriella por su firmeza contra lo que denominó «las mafias», en un contexto donde la política se mezcla peligrosamente con la criminalidad organizada.
El diagnóstico de Orozco describe una campaña marcada por la sangre y la coacción. En sus declaraciones, denunció el asesinato de un precandidato presidencial y colaboradores cercanos, atribuyendo un clima de extrema violencia a los Grupos Armados Organizados (GAO), mencionando específicamente a las FARC, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional.
Si bien su postura se alinea con la retórica de confrontación ideológica de La Libertad Avanza, la contundencia de sus definiciones —especialmente al tildar de «narcoestado» a un proceso institucional vecino— coloca a la senadora en un lugar de exposición alta.
El riesgo de las declaraciones de Orozco para la diplomacia nacional
Este tipo de declaraciones, aunque efectivas para movilizar a su base electoral en redes sociales, tensan los hilos de la diplomacia regional al simplificar conflictos complejos bajo la etiqueta de una lucha existencial entre libertad y mafias.
Con este fuerte posicionamiento, Orozco busca nacionalizar su experiencia internacional, reafirmando que, para ella, el avance de ciertos modelos políticos en el continente no es solo una disputa de urnas, sino un enfrentamiento directo contra estructuras delictivas que amenazan la democracia.
