SALTA – El conflicto por la cesión de tierras a favor de un club de rugby sumó un nuevo capítulo este jueves. Integrantes de una comunidad originaria y vecinos realizaron un corte parcial sobre el acceso a San Lorenzo para rechazar la ley aprobada por el Senado provincial que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a otorgar en comodato el predio destinado a la ampliación de Tigres Rugby Club.
La protesta se desarrolló sobre el puente de ingreso a la villa turística y provocó demoras en el tránsito, ya que el paso de vehículos se realizó de manera alternada. En el lugar también se desplegó un importante operativo policial para garantizar la circulación y evitar incidentes.
Los manifestantes sostienen que las aproximadamente nueve hectáreas cedidas por la Provincia forman parte de un territorio sobre el que mantienen un reclamo ancestral y cuestionan que la iniciativa haya avanzado sin una consulta adecuada a las comunidades involucradas. Además, anticiparon que continuarán con distintas acciones para intentar revertir la medida.
La movilización se produjo pocas horas después de que el Senado de Salta convirtiera en ley el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a otorgar en comodato por 25 años una fracción del inmueble fiscal de Finca Las Costas a favor de Tigres Rugby Club, con el objetivo de ampliar su sede social y desarrollar actividades deportivas y recreativas.
Antes de emitir dictamen, la Comisión de Legislación General del Senado había convocado a una ronda de consultas con todas las partes involucradas para escuchar tanto a representantes del club como a quienes cuestionaban la cesión del terreno. Finalmente, la Cámara Alta dio sanción definitiva a la iniciativa.
Como condición del comodato, la norma establece que Tigres Rugby Club deberá otorgar becas deportivas completas equivalentes, como mínimo, al 5% del total de sus inscriptos, destinadas a niños y jóvenes de escasos recursos de la provincia.
Mientras desde los sectores que impulsaron la ley sostienen que la cesión permitirá fortalecer la infraestructura deportiva y ampliar las actividades sociales del club, las comunidades que rechazan la medida aseguran que continuarán con las protestas hasta que se revise la decisión y se reconozca su reclamo territorial.
