SALTA.- (Por Renato Ocampo) Transparencia o vendetta personal? El cruce de acusaciones entre Daniel Segura y «Uluncha» Saravia escala a la justicia penal con denuncias de contrataciones millonarias ocultas y «aprietes» institucionales. Mientras el oficialismo se desangra en denuncias cruzadas, queda al descubierto una trama de intereses donde el control de los servicios públicos parece ser solo la punta del iceberg de un conflicto mucho más profundo y oscuro.
La política salteña asiste por estos días a un espectáculo de acusaciones cruzadas que parece no tener retorno y que confirma, una vez más, que en los pasillos del poder «el vuelto no son caramelos». Lo que comenzó como un reclamo por las tarifas eléctricas en General Güemes terminó escalando a una batalla judicial de proporciones, donde el diputado Daniel Segura, tras haber disparado primero contra el titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), Carlos Saravia, se encuentra hoy con una respuesta contundente sentada en los tribunales.
El escenario cambió drásticamente cuando «el Uluncha», un abogado reconocido por ser difícil de amedrentar, decidió pasar a la ofensiva. Saravia presentó una denuncia penal contra el legislador por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, coacción agravada y omisión maliciosa en su declaración jurada. El funcionario ha sido lapidario en sus textuales, calificando el accionar de Segura como una «secuencia bastante extorsiva» y una «práctica de chantaje». Sin rodeos, Saravia disparó: «No voy a ceder a los aprietes», agregando que el diputado es alguien que «viola la ley y no tiene autoridad moral» para cuestionar su gestión. Para el titular del Ente, Segura representa a «los vivos que hacen negocios con el Estado» y que luego pretenden presentarse como si no tuvieran intereses económicos.
Tal como lo había anticipado Segura en sus acusaciones iniciales, al poner en duda la honestidad del titular del Ente, la contienda se ha vuelto algo estrictamente personal, involucrando ataques al patrimonio y hasta a los círculos familiares de ambos protagonistas. Segura no se ha quedado atrás en la dureza de sus epítetos, tildando repetidamente a Saravia de «inútil» y afirmando que «nos mintió» en relación con la información tarifaria. El legislador fue más allá al asegurar que el funcionario «se parece a un vocero de una empresa» y que «sale como si fuera el defensor de EDESA». Incluso, al ser consultado sobre la honestidad de Saravia, Segura fue tajante: «Yo sí totalmente (la pongo en duda)», sugiriendo que su inacción ante las subas podría deberse a la existencia de «retornos».
En este duelo de pesos pesados del oficialismo, la carga de la prueba será el fiel de la balanza. Por un lado, resta ver si Segura tiene pruebas de lo que denunciaba como una «connivencia» entre el Ente Regulador y EDESA. Por el otro, Saravia ostenta material acusatorio sobre la empresa Miguel Segura S.A., donde el diputado poseería el 25% de las acciones y que habría obtenido contratos estatales por $674 millones entre 2021 y 2026. Saravia sostiene con firmeza que «no podemos jugar, por interpósita persona, a hacer plata con el Estado», mientras que Segura ya había declarado que tener a Saravia al frente del organismo «le está haciendo mucho daño a los salteños y al gobierno».
El conflicto pone de manifiesto una dinámica recurrente: la política suele desnudar sus propios negocios turbios solo cuando entran en colisión los sectores internos. Mientras hubo paz, los contratos millonarios y los roles de control pasaron desapercibidos; sin embargo, bastó un cortocircuito de intereses para que la transparencia se convirtiera en un arma arrojadiza. Ante esta crisis, la pregunta que queda flotando en el aire es cómo deja parado este escándalo al Gobierno de la provincia, viendo cómo un funcionario de primera línea acusa penalmente a un diputado de su propio espacio, exponiendo una fractura institucional donde las denuncias de corrupción y de «aprietes» parecen moneda corriente entre aliados.
