SALTA.- (Por Renato Ocampo) Hoy, la Ciudad Judicial volvió a ser el escenario de un reclamo que expone la profunda desigualdad dentro de uno de los poderes más herméticos del Estado. Cerca de 4000 empleados judiciales demandan una recomposición salarial, advirtiendo que la situación de precariedad ha llegado a un límite insostenible. Bajo la consigna de visualizar un conflicto que el Gobierno y la Justicia intentan contener, los trabajadores señalaron que este jueves se mantendrán reuniones determinantes para definir si existe una voluntad real de acuerdo o si el plan de lucha se profundizará.
El abismo salarial: básicos que son solo el comienzo
La indignación de los trabajadores no solo nace de lo que perciben, sino de lo que ven en la cima de la pirámide. Según la planilla de sueldos básicos vigente al 30 de junio de 2026, un Auxiliar de Primera tiene un básico de $799.909,10, mientras que un Escribiente Mayor apenas alcanza los $855.075,25. Estas cifras contrastan violentamente con los haberes de la cúpula: un juez de la Corte de Justicia o el Presidente del cuerpo perciben un sueldo básico de $4.763.131,93.
Sin embargo, ese número es solo la punta del iceberg. El análisis de la estructura salarial revela que determinar cuánto gana realmente un juez en Salta es una tarea casi imposible para el ciudadano común. Al sueldo básico se le deben sumar adicionales que transforman el haber mensual en una cifra indescifrable.
Antigüedad: un 2% por año de servicio para todos los escalafones, con un tope de 35 años. Un juez con carrera judicial extensa puede sumar un 70% extra solo por este ítem sobre un básico ya millonario. Continuidad en el cargo: Un adicional del 1% cada 3 años de cumplimiento de la función.
¿Privilegios o transparencia?
Debido a estos adicionales y a la opacidad del sistema, la pregunta que recorre los pasillos de la Ciudad Judicial es cuánto terminan cobrando realmente los magistrados. Las especulaciones más conservadoras indican que, sumando la antigüedad y otros beneficios, los jueces de la Corte podrían rondar cómodamente los 10 a 20 millones de pesos mensuales. Esta cifra resulta ofensiva para un ingresante que en Salta cobra alrededor de 800 mil pesos, mientras que en provincias vecinas como Chaco o Catamarca ya superan el millón de pesos por la misma tarea.
Lo que agrava la indignación es el blindaje informativo. No existe acceso público real y sencillo que permita conocer cuánto gana el Procurador General, los jueces, los ministros, los legisladores o los intendentes. Esta falta de transparencia alimentada por un sistema que publica básicos, pero esconde los totales netos con todos sus beneficios, genera un manto de sospecha sobre el manejo de los fondos públicos en una provincia que atraviesa una crisis económica severa.
Matías Aramayo, Secretario General de la Agremiación Judicial, fue contundente al afirmar que los judiciales salteños son los «peores pagos del país». La brecha no es solo económica, es moral. Mientras los empleados que sostienen el funcionamiento diario de los juzgados luchan por no caer bajo la línea de la pobreza, la cúpula judicial parece vivir en una realidad paralela de privilegios garantizados por ley.
