SALTA – El diputado provincial Omar Exeni volvió a poner en agenda el debate sobre la transparencia en la adjudicación de viviendas sociales al plantear la necesidad de revisar todas las casas entregadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) durante los últimos 30 años. El legislador sostuvo que aquellas viviendas que no estén siendo utilizadas por sus adjudicatarios deberían ser expropiadas por el Estado y sorteadas nuevamente entre las familias que permanecen inscriptas desde hace décadas.
En declaraciones públicas, Exeni aseguró que pretende impulsar un relevamiento para determinar qué funcionarios, dirigentes políticos o magistrados accedieron a viviendas del IPV y verificar si cumplen con las condiciones establecidas para su adjudicación.
«Yo quiero ver qué político, qué funcionario, qué juez obtuvo casas del IPV de hoy a 30 años atrás. Y quiero ver qué persona está mal utilizando las casas del IPV», manifestó.
Según explicó, uno de los principales problemas es la existencia de viviendas adjudicadas cuyos beneficiarios ya no residen en ellas o incluso aún no terminaron de pagarlas. En esos casos, consideró que el Estado debe intervenir para recuperar esos inmuebles.
«Como por ejemplo, te la dieron hace diez años y no vivís en esa casa y no la terminaste de pagar. No, esa casa la vas a devolver para las familias que están inscriptas hace 40 años con hijos con discapacidad o con dos o tres hijos», sostuvo.
La propuesta apunta a que las viviendas recuperadas vuelvan al sistema de adjudicación del IPV mediante nuevos sorteos, priorizando a quienes llevan décadas esperando acceder a una casa propia. Para Exeni, el objetivo es que las soluciones habitacionales lleguen efectivamente a quienes más las necesitan y evitar que se transformen en un beneficio permanente para personas que incumplen las condiciones del programa.
El planteo se suma a otras iniciativas impulsadas por el legislador en materia habitacional. En 2025 presentó un proyecto para impedir que funcionarios públicos, legisladores, jueces y sus familiares directos puedan acceder a viviendas sociales del IPV, al considerar que esos beneficios deben destinarse exclusivamente a familias con mayores necesidades habitacionales.
Revisión del sistema de adjudicación
Exeni también insistió en que resulta necesario transparentar el funcionamiento del sistema de adjudicación y fortalecer los controles posteriores a la entrega de las viviendas. «No puede ser que políticos tengan casas y familias que están inscritas hace 40 años no puedan salir sorteadas. Creo que es fundamental que mostremos claridad en todo esto», afirmó.
El déficit habitacional continúa siendo uno de los principales problemas sociales de Salta. Miles de familias permanecen inscriptas en los registros del IPV durante años a la espera de un sorteo, mientras el organismo realiza periódicamente controles para detectar viviendas deshabitadas, alquiladas o utilizadas con fines distintos a los establecidos en la adjudicación. En esos casos, la legislación vigente ya contempla la posibilidad de revocar la adjudicación cuando se comprueba el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el beneficiario.
La propuesta de Exeni reabre un debate que aparece de manera recurrente cada vez que se conocen denuncias sobre el uso irregular de viviendas sociales. Mientras el diputado reclama una auditoría integral sobre las adjudicaciones de las últimas tres décadas, el desafío para el Estado será demostrar que los mecanismos de control son suficientes para garantizar que las casas del IPV cumplan con su objetivo original: brindar una solución habitacional a las familias que realmente la necesitan.
