SALTA – La realidad económica de los salteños se debate hoy entre dos recetas políticas opuestas. Por un lado, el ministro de Economía y Servicios Públicos de la Provincia, Roberto Dib Ashur, anunció el lanzamiento de un programa de refinanciación de deudas diseñado específicamente para los empleados públicos (maestros, médicos, policías y municipales). La medida, desarrollada junto al Banco Macro, busca unificar múltiples compromisos financieros en una sola cuota mensual para ordenar las cuentas de los trabajadores en momentos difíciles. «En los momentos complejos nos acercamos, no nos alejamos», enfatizó el funcionario provincial, asegurando además subsidios de tasas de interés para sectores clave como el comercio, la hotelería y la gastronomía.
Sin embargo, cruzando las puertas del Centro Cívico Municipal, la estrategia es diametralmente opuesta. La intendencia capitalina, comandada por Emiliano Durand, decidió enfrentar la crisis mediante una asfixia fiscal punitiva que busca llegar a los tribunales.
Del impuestazo al embargo de viviendas
Según adelantó El Intra, la concejal Laura Jorge Saravia (La Libertad Avanza) denunció que el municipio capitalino inició acciones judiciales severas contra los vecinos que registran deudas en las tasas municipales, llegando incluso al embargo de propiedades. Según la edil, de continuar esta tendencia, el Ejecutivo local podría avanzar hacia el remate de viviendas.
El trasfondo de esta morosidad forzada radica en la galopante presión tributaria. Con la última actualización trimestral que elevó la Unidad Tributaria a $811,00, el incremento acumulado bajo la actual gestión municipal alcanzó un impactante 1000% en apenas dos años y medio. En sectores específicos, como las tasas de publicidad que afectan a comerciantes locales, el aumento supera el 1500% debido a modificaciones en las bases de cálculo.
«El intendente no podría avanzar de esta manera sobre los vecinos de la ciudad si los concejales oficialistas no hubiesen aprobado este incremento de la unidad tributaria», fustigó Jorge Saravia en el Concejo Deliberante, donde la oposición intentó infructuosamente congelar los aumentos.
Cuestionamiento al destino de los fondos
Mientras la provincia garantiza sostener programas esenciales y la asistencia a los municipios fijando un piso de recursos, los destinos de la millonaria recaudación de la capital salteña están bajo la lupa. La oposición denunció que, de manera paralela a los embargos y las fotomultas —se labran cerca de 1000 actas por fin de semana—, el municipio destina entre 14 y 15 millones de pesos diarios a pauta publicitaria, beneficiando incluso a portales de dudosa existencia.
La falta de «empatía» y la contradicción entre el discurso oficial y la realidad de la calle marcan la agenda política local. Mientras la Provincia busca desendeudar y sostener la actividad comercial con créditos blandos, la Municipalidad de Salta parece haber optado por la vía judicial y la presión fiscal incesante, un camino que, según advierten desde el arco político opositor, pone en serio riesgo el futuro y la sostenibilidad social de los vecinos de la capital.
Una realidad que duele
Esta disparidad de criterios ocurre en un escenario social crítico, donde el endeudamiento ya no es una opción de progreso, sino una estrategia de supervivencia para llegar a fin de mes. Según datos del Banco Central y de la Fundación Éforo, la población deudora en el país escaló a más de 11,3 millones de personas, haciendo que la deuda promedio por individuo se triplicara en los últimos dos años.
La crisis golpea con especial dureza a la región: informes basados en la Central de Deudores confirman que Salta lidera los índices de endeudamiento con tarjetas de crédito, registrando niveles de morosidad que superan ampliamente la media nacional y donde 6 de cada 10 hogares arrastran deudas no bancarias. Ante una realidad donde la mora familiar generalizada ya roza el 12,7% en el sistema financiero, la necesidad de que los organismos públicos implementen de manera urgente planes de alivio y refinanciación —como el anunciado por la Provincia— se vuelve vital. Por el contrario, optar por la persecución judicial y los embargos en este contexto no hace más que empujar a una sociedad ya asfixiada hacia un abismo financiero del que será muy difícil salir.
