SALTA – En una sesión marcada por el debate sobre los límites éticos y legales en la gestión pública, la Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a un proyecto que prohíbe a policías y agentes públicos publicar imágenes o videos de operativos e investigaciones sin una autorización judicial previa. La iniciativa, que busca resguardar garantías constitucionales, pasó ahora al Senado para su tratamiento.
El corazón de la propuesta apunta a proteger la presunción de inocencia y la privacidad, evitando que la difusión masiva de material audiovisual —muchas veces viralizado antes de cualquier resolución judicial— termine por estigmatizar a ciudadanos que aún no han sido juzgados.
El debate sobre el «estilo» Durand
Durante el tratamiento del proyecto, el nombre del intendente de la capital, Emiliano Durand, sobrevoló el recinto. El jefe comunal fue blanco de críticas por la recurrente práctica de publicar en sus redes sociales personales, en cuentas oficiales de la Municipalidad de Salta e incluso en medios de comunicación de su propiedad, procedimientos realizados en la vía pública.
Uno de los casos más citados como ejemplo de los riesgos de esta práctica fue el de una joven que, tras dar positivo en un test de alcoholemia, fue «escrachada» en redes sociales, para luego confirmarse que el resultado había sido un falso positivo.
«No podemos dejar que los municipios decidan discrecionalmente»
El diputado Luis Mendaña fue una de las voces más críticas durante la sesión, cuestionando la costumbre de Durand de filmar a ciudadanos ante diversas situaciones cotidianas o contravenciones.
«Veo que el intendente de la capital tiene la costumbre de filmar cuando alguien tira basura, cuando alguien no quiere que poden un árbol o en procedimientos de alcoholemia», sostuvo Mendaña. El legislador argumentó que estas acciones vulneran el principio de inocencia y subrayó la necesidad de que la norma tenga un carácter provincial de fondo para evitar criterios dispares entre municipios.
«No podemos dejar a que los municipios discrecionalmente decidan si van a filmar o no. Si no, no tiene sentido: habrá municipios donde se permitirá filmar a cualquiera que cometa una supuesta infracción, y otros donde no se podrá. Esto debe ser una política de fondo» sentenció el diputado.
El respaldo a la norma
Por su parte, la diputada Laura Cartuccia, impulsora de la iniciativa, enfatizó que el auge de las redes sociales convirtió al escrache en una herramienta de exposición pública desmedida. Según Cartuccia, el objetivo es evitar que el daño social sea irreparable: «En muchos casos, el daño a la persona ya está hecho cuando finalmente se demuestra que no cometió ningún delito», advirtió.
De convertirse en ley, la norma impondrá una barrera estricta sobre la gestión de contenidos digitales por parte de los funcionarios, obligándolos a subordinar su comunicación pública a las garantías judiciales y el debido proceso. Ahora, la pelota está en la cancha del Senado provincial, donde se espera que la discusión sobre la privacidad frente a la exposición mediática continúe siendo el eje central.
