SALTA – Tras caminar 350 kilómetros desde Mosconi, la madre de Valentina Cabana apunta contra el médico Sergio Campo y exige que el poder político deje de encubrir a los responsables. Con la salud deteriorada y ante la inminente feria judicial, amenaza con llevar su reclamo a la Corte Suprema de la Nación.
Nueve meses de silencio y una caminata heroica parecen no haber sido suficientes para que la burocracia judicial salteña despierte. A pesar de los anuncios oficiales, Mariana Aranda sigue atrapada en un laberinto de promesas incumplidas que apuntan directamente a la cabeza del Ministerio Público Fiscal.
El procurador García Castiella: ¿promesas o maniobras de distracción?
La inacción judicial tiene nombre y apellido. El pasado 19 de junio, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, recibió a Aranda con una aparente «buena predisposición» y el compromiso firme de ejecutar el cambio de jurisdicción de la causa en un plazo de 14 días. Sin embargo, el tiempo pasó y la realidad desmiente el discurso oficial: a casi un mes de su llegada a Salta Capital, la causa aún no ha sido radicada definitivamente.
Lo que en su momento Mariana Aranda calificó como un «comienzo» tras elegir confiar en la palabra del funcionario, hoy se tiñe de sospecha y decepción. «Más allá de las palabras, a los hechos los iremos viendo todos», advertía la mujer, cuya desconfianza parece confirmarse ante un avance que ella misma califica de «lento» por supuestas trabas administrativas. Esta demora, que Aranda teme que se convierta en una parálisis total con la llegada de la feria judicial de invierno, sugiere que el compromiso del Procurador podría haber sido una simple estrategia para calmar el reclamo social sin ofrecer resultados concretos. “Lo que estoy pidiendo es que se haga una investigación profunda, que se diga la verdad, que la política suelte la mano a los responsables para que no naturalicemos cosas como esto”.
La sombra de la política sobre el médico Sergio Campo
El núcleo de la denuncia de Aranda es claro y apunta a la impunidad médica amparada por el poder. “La denuncia que nosotros estamos haciendo es contra el profesional Sergio Campo, matrícula 4390, de la clínica San Antonio de la ciudad de Tartagal” a quien Aranda responsabiliza directamente por la muerte de Valentina y la pequeña Evangeline.
“A mi hija la mataron”, afirma con dolor, mientras denuncia una estructura de encubrimiento que trasciende lo hospitalario. El pedido de la madre es desesperado pero contundente: exige “que la política suelte la mano a los responsables” para evitar que se naturalicen estas muertes. Aranda percibe que en el norte provincial no existen garantías de justicia, lo que la llevó a trasladar su lucha a la capital, donde todavía espera un documento oficial que confirme la imputación del profesional.
Salud quebrada y el último recurso: Caminar hacia la Corte Suprema
El costo físico de reclamar justicia ha sido devastador. Mariana Aranda padece actualmente una infección en el pulmón derecho y dificultades para respirar, consecuencias directas de la exposición al frío extremo durante su marcha por la ruta. A pesar de este cuadro crítico y de contar con asistencia mínima para su hospedaje, la mujer no está dispuesta a detenerse ante la desidia de los fiscales. Aunque recibió asistencia del ministro Ignacio Jarsún para el hospedaje, los recursos se agotan. La incertidumbre crece al ver que, tras un mes en Salta, la causa aún no ha sido radicada definitivamente en la capital.
Con la firmeza de quien ya no tiene nada que perder, Aranda lanzó una advertencia final: si las instancias en Salta se agotan sin respuestas, continuará su peregrinaje hacia la Capital Federal. “Habiendo agotado las instancias allá y habiendo sentido que no tenía garantías, decidí marchar hasta capital. Y, en caso de no lograr acá en Salta, continuar a Buenos Aires de la misma manera: caminando, visibilizando el caso”, sentenció. Para ella, esta no es una cuestión de revancha, sino un deber como madre de Valentina y abuela de Evangeline, refugiándose en el apoyo de los vecinos ante un sistema político y judicial que, hasta ahora, le ha dado la espalda con mentiras y dilaciones.
