SALTA – La gestión de Emiliano Durand en la ciudad de Salta ha trazado una línea divisoria que parece sacada de una distopía urbana, construyendo lo que analistas locales ya denominan una ciudad de dos pisos. Mientras en las oficinas del Centro Cívico Municipal el funcionariado disfruta de un clima de fiesta permanente con cotillón mundialista, globos y posters financiados por el contribuyente, en las barriadas se ejecuta una política del descarte que destruye el trabajo genuino bajo el eufemismo del ordenamiento.
Este doble discurso oficial, que por un lado promociona ferias barriales y otorga microcréditos controlados de doscientos cincuenta mil pesos para cien elegidos, es el mismo que por el otro lado le declara una batalla sin cuartel a los vendedores ambulantes que han crecido exponencialmente por la crisis económica. La contradicción es obscena: se le da un subsidio al emprendedor que acepta la tutela y el logo oficial, pero se persigue con saña a aquel que busca el peso a diario por su cuenta, quitándole lo más sagrado que tiene, que es su herramienta de trabajo.
El interrogante que flota en el aire y que el municipio se niega a responder con transparencia es uno solo: ¿A dónde va a parar todo lo decomisado? En operativos recientes, como los realizados a finales de marzo de 2025, la Municipalidad informó con orgullo el secuestro de cinco carros de comidas en las inmediaciones del Parque San Martín y el decomiso de mercadería en diversas esquinas céntricas. Si bien los productos perecederos son enviados al relleno sanitario San Javier para su entierro, el destino de los bienes de capital como carros, cocinas, garrafas y estructuras metálicas es un misterio guardado bajo siete llaves.
Lo que sucede en la práctica es un despojo sistemático: al trabajador se le imponen multas que, sumadas a los costos de acarreo y depósito, superan holgadamente los trescientos mil pesos, cifras que resultan imposibles de pagar para quienes declaran vivir el día a día y haber agotado sus ahorros solo para poner un carro en la calle. Ante la imposibilidad de afrontar estos montos confiscatorios, los elementos de trabajo terminan amontonados en depósitos municipales, convirtiéndose en chatarra acumulada que alguna vez fue el sueño de sustento de una familia salteña.
Política de la crueldad
La crueldad de esta política volvió a manifestarse con total claridad en los recientes operativos sobre la avenida Roberto Romero al 2300, donde cuadrillas municipales procedieron al retiro definitivo de kioscos metálicos históricos dedicados a la venta de coca y al arreglo de calzado. El director de Espacios Públicos celebró la recuperación de seis hectáreas de suelo público, pero omitió mencionar que esas hectáreas estaban pobladas por trabajadores que hoy se quedan con las manos vacías mientras el municipio los invita a cursos de manipulación de alimentos como si la capacitación fuera un sustituto del capital perdido.
Se ha institucionalizado una persecución que no solo quita la mercadería, sino que desmantela estructuras que durante años no fueron un peligro para nadie, pero que hoy estorban la pulcritud estética que Durand pretende imponer. El malestar es total, especialmente cuando se intenta trasladar a los vendedores a zonas donde están los mismos mayoristas a los que ellos les compran, eliminando cualquier posibilidad de margen comercial y condenándolos al fracaso.
Esta gestión parece ensañada con los débiles mientras protege el despilfarro interno. Resulta doloroso para el vecino ver cómo se utiliza el concepto de espacio verde para desplazar a los humildes, mientras que el propio Intendente somete a votación en redes sociales el destino de los trabajadores, planteando el desalojo como una opción de entretenimiento digital para sus seguidores. No hay lógica de acompañamiento, hay una lógica de control absoluto: o sos un emprendedor bajo mi ala, o sos un estorbo que debe ser removido.
Si el objetivo fuera realmente la seguridad alimentaria o la circulación, el municipio se ocuparía de inventariar públicamente cada carro secuestrado y de ofrecer planes de pago razonables para su devolución. Al no hacerlo, confirman que el decomiso no es una medida de orden, sino una herramienta de asfixia económica para limpiar las calles de la pobreza que el sistema mismo genera. La recuperación de espacios públicos no puede ser sinónimo de la destrucción del trabajo digno, y Salta no puede seguir festejando ferias oficiales mientras en los depósitos municipales se pudre el sudor y el esfuerzo de quienes solo querían trabajar.
