SALTA – Mientras la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta cerraba su última sesión previa al receso invernal en medio de una parodia tribunalicia —con legisladores disfrazados de barrabrava, caras pintadas y remeras de la Selección Nacional dentro del recinto—, las urgencias estructurales de los salteños volvían a quedar bajo la alfombra. El folclore deportivo en las bancas, que bien podría haberse limitado a las redes sociales de los representantes, sirvió de pantalla perfecta para esquivar el debate de una problemática alarmante y peligrosa: la diseminación descontrolada de la ludopatía en la provincia.
Sin embargo, el blindaje político local parece estar resquebrajándose por vía judicial. Lo que comenzó como una ola de indignación pública por la aparición de publicidades de juegos de azar ilegales dentro de la propia aplicación oficial de la empresa de transporte SAETA —utilizada diariamente por miles de salteños, entre ellos una inmensa proporción de menores de edad que solo buscan consultar su saldo o recorrido— ha derivado en una trama mucho más profunda que ya se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.
Según informó, Vale la Pena, la causa penal que se instruye en el fuero federal apunta de manera directa contra los nombres propios que, por acción u omisión deliberada, permitieron que el juego online y las Terminales de Video Lotería (VLT) irregulares proliferaran en Salta, llegando incluso a instalarse a metros de los establecimientos educativos.
La acusación bajo investigación señala una presunta red de responsabilidades institucionales con nombres y apellidos específicos: Aníbal Caro, Enrique Sylvester y Rodrigo Monzo. De acuerdo con las denuncias que constan en el expediente, se los señala como los responsables directos de haber permitido que el control sobre estas plataformas digitales y terminales físicas se saliera de cauce, facilitando el acceso de menores y causando un daño profundo e incalculable a miles de familias salteñas.
La gravedad de la presentación judicial radica en la calificación penal que se baraja: la existencia de una presunta asociación ilícita cuya estructura operativa ascendería de forma piramidal hacia los estratos superiores de la administración del transporte y el control político, vinculando de forma directa las operaciones a las órbitas de Claudio Mohr (presidente de SAETA), Monzo y Aníbal Caro.
Según informaron, en los pasillos de los tribunales federales de Retiro, el expediente acumula pruebas que prometen sacudir el tablero político provincial. Dentro de la trama investigada, el ex Ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Villada, junto con Néstor Cortignola, aparecen sindicados formalmente como los presuntos articuladores del andamiaje que facilitó y sostuvo el despliegue del juego en el territorio salteño.
Fuentes cercanas a la investigación judicial confirman que la causa cuenta con un volumen probatorio contundente.
La paradoja salteña es total. Mientras un flagelo de adicción conductual se mete en los teléfonos de los estudiantes a través de una aplicación estatal monopólica y las máquinas de apuesta se instalan frente a las escuelas, ningún legislador de la provincia alzó la voz para interpelar a las autoridades correspondientes. Ni Villada ni Mohr debieron dar explicaciones ante la «Casa del Pueblo».
