SALTA.- (Por Renato Ocampo) Ante la avanzada unilateral de la Asociación Bioquímica, el Gobierno de Salta activó un régimen de sanciones drásticas que incluye la exclusión definitiva de prestadores y multas económicas. El ministro Federico Mangione fue tajante ante los abusos: “Si te pagan una miseria, no labures, pero no le cobres al paciente”.
En un escenario de máxima tensión política y sanitaria, el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) ha decidido marcar una línea roja frente a lo que considera una extorsión arancelaria por parte de los prestadores bioquímicos. A través de la Resolución N.º 0110-D/2026, el organismo estatal no solo desautorizó los incrementos aplicados por la Asociación Bioquímica de Salta, sino que puso en marcha un aparato punitivo sin precedentes para proteger el bolsillo de sus afiliados.
Mano dura y exclusión de prestadores
La respuesta oficial no dejó lugar a grises. El IPS advirtió que cualquier profesional que exija un «plus» o pago adicional por fuera de los convenios vigentes se enfrenta a la cancelación inmediata de su inscripción en el Registro de Prestadores. Esta medida, la más severa del ordenamiento administrativo, inhabilitaría a los profesionales para atender a la mayor masa de pacientes de la provincia.
Asimismo, la Asociación Bioquímica, señalada como instigadora de estos cobros, será pasible de fuertes sanciones económicas.
Para el Directorio del IPS, encabezado por el Dr. Martín Baccaro, el uso del acceso a la salud como «herramienta de presión» en conflictos sectoriales constituye una vulneración de derechos que el Estado no está dispuesto a tolerar.
La defensa del afiliado: «Pidan factura»
Desde el Ministerio de Salud, Federico Mangione ha sido el portavoz de una postura de confrontación directa contra lo que calificó como «avivados». El funcionario instó a los salteños a no tener miedo y a denunciar formalmente cada cobro indebido, exigiendo siempre la factura correspondiente con la leyenda «Cobro por actualización de aranceles» para garantizar el reintegro.
«Si los atienden mal por reclamar, no les va bien a los profesionales tampoco», subrayó Mangione, reforzando la idea de que el Gobierno busca implementar un sistema de validación digital para controlar las prestaciones en tiempo real y erradicar los abusos de médicos, bioquímicos y odontólogos.
Conflicto de fondo y garantía de reintegro
Mientras la Asociación Bioquímica justifica su accionar en deudas del Instituto y una situación financiera «insostenible», el IPS ha ratificado que la prioridad absoluta es la continuidad del servicio sin costos extra para el ciudadano. Por ello, se ha habilitado un canal de reintegro inmediato para quienes hayan sido víctimas de estos cobros, debitando posteriormente dichos montos de las liquidaciones destinadas a la entidad bioquímica.