SALTA.- (Por Renato Ocampo) Mientras el desastre ambiental en Lomas de Olmedo ya devora más de 20 hectáreas de bosque nativo y deja un saldo de cientos de animales muertos, los tribunales blindan la actuación de la fiscalía frente a las trabas legales de una empresa quebrada. Con una remediación estimada en hasta 60 millones de dólares, Salta enfrenta una de las crisis ecológicas más graves de su historia bajo la sombra de la desidia corporativa.
En un giro determinante para la causa que conmociona al norte provincial, el Juzgado de Garantías de Orán ratificó la actuación de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, al rechazar los planteos de recusación y nulidad interpuestos por la defensa de la petrolera President Petroleum S.A.
Esta decisión judicial, de este 13 de julio de 2026, despeja el camino para que la Unidad Fiscal, integrada también por especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), continúe con las pericias forenses destinadas a determinar las responsabilidades penales detrás del derrame incontrolable de gases y fluidos en el pozo LO.X-10.
Radiografía del desastre: 40 años de una bomba de tiempo
La cronología de este colapso ambiental revela una cadena de negligencias que comenzó hace décadas:
En 1983 el pozo fue perforado originalmente por YPF SE. Años posteriores, la concesión pasó por manos de seis empresas diferentes, terminando en la firma President Petroleum S.A, que operaba en el área «Puesto Guardián». Ya en Agosto de 2023, se detectan las primeras fugas de gas y surgencia de líquidos hidrocarburíferos. Para Marzo de 2024, la situación se agrava drásticamente. Vecinos reportan erupciones violentas, comparando el pozo con un «géiser tóxico» que emana un ruido ensordecedor y gases irrespirables.
En mayo de 2025, ante la inacción empresarial, la Justicia ordena medidas cautelares, incluyendo la presentación de un plan de contingencia y la activación del Seguro Ambiental Obligatorio. Posteriormente, en un movimiento que dejó a la provincia en un vacío legal y financiero, President Petroleum se declara en quiebra definitiva, abandonando el predio sin realizar las reparaciones exigidas.
Para fines del 2025, el Gobierno de Salta declara caduca la concesión de Pozo Guardián ante el incumplimiento sistémico de la operadora.
Posturas cruzadas: ¿paz social o zona de sacrificio?
La respuesta política y social ante el «Chernobyl salteño», término acuñado por Greenpeace para describir el paisaje apocalíptico de la zona, evidencia una grieta profunda.
En su momento el entonces ministro de Producción, Martín de los Ríos, había intentado llevar «tranquilidad» a la población, asegurando que «no hay riesgo para nada ni nadie» siempre que se mantengan fuera del radio de exclusión de 200 metros. Desde el Ejecutivo sostienen que han accionado legalmente «desde el día uno» y han iniciado una demanda ambiental contra seis empresas, incluyendo a YPF. Sin embargo, la mayor traba es económica: la remediación del sitio requiere entre 20 y 60 millones de dólares, una cifra que la provincia admite no poder afrontar.
La voz de la denuncia
Desde la otra vereda, biólogos y organizaciones ambientales denuncian un «total desinterés» del Gobierno por la reparación efectiva. Enrique Derlindatti, doctor en Biología, advierte que el impacto es «monstruoso» para los productores rurales de subsistencia. Los datos son escalofriantes: se estima la muerte de entre 300 y 350 animales (vacas, caballos y fauna silvestre) intoxicados por el barro aceitoso. Además, el éxodo de familias ha convertido a los lugareños en «refugiados ambientales», desplazados por una nube tóxica compuesta en un 95% por dióxido de carbono y un 5% de metano que ha secado más de 20 hectáreas de bosque nativo.
Hoy, con la ratificación judicial de la investigación, la provincia se enfrenta al desafío de convertir los expedientes en acciones de saneamiento reales antes de que el manto de olvido, y el avance del petróleo, termine de asfixiar al norte salteño.
