SALTA – La ciudad de Salta se viene convirtiendo en gran obrador. Máquinas viales, cortes de tránsito y asfalto fresco dominan el paisaje urbano en lo que parece ser un indiscutible despliegue de gestión en una prematura campaña electoral. Para una ciudad históricamente castigada por el estado de sus calles, que se hagan obras siempre es una buena noticia. Sin embargo, detrás del ruido de las topadoras y la incesante propaganda en redes sociales, late un problema estructural que la gestión de Emiliano Durand prefiere mantener en las sombras: la alarmante falta de transparencia y la inseguridad vial en las zonas intervenidas.
Las obras se ven en territorio y se multiplican con videos dinámicos y musicalizados en las cuentas oficiales del municipio. Pero hay un detalle —nada menor— que brilla por su ausencia en cada publicación y en cada cartel: los montos de inversión, las empresas adjudicatarias y los plazos de ejecución. Datos esenciales para que los vecinos sepan, finalmente, a dónde van a parar los abultados impuestos que pagan puntualmente todos los meses.
A esto se le suma un peligro cotidiano y urgente: la falta de señalética de seguridad en las calles que se están bacheando o repavimentando, lo que convierte a las arterias de la ciudad en verdaderas trampas que ya provocaron más de un susto (y accidente) a los conductores salteños.
El antecedente ignorado: cuando la transparencia fue ordenanza
Esta opacidad no es un vacío legal, sino una decisión política de ignorar las normas. En 2022, el Concejo Deliberante de Salta aprobó un proyecto que buscaba patear el tablero del histórico vicio de usar la obra pública como mera propaganda. La iniciativa, impulsada por la entonces concejal del PRO Agustina Álvarez Eichele, fue una de las pocas ordenanzas que realmente apuntaban a cambiar las reglas del juego de la gestión local.
La norma es clara y simple gracias al uso de la tecnología: cada cartel de obra civil o de infraestructura estatal debería lucir un código QR visible para cualquier vecino. Al escanearlo con un teléfono celular, el sistema debería redirigir de forma inmediata a una plataforma pública con cuatro datos críticos: el costo total de la obra (para auditar el destino de los impuestos), el plazo de ejecución estimado (para controlar que se cumplan las fechas de entrega), la empresa contratista que ganó la licitación, y el número de expediente bajo el cual se tramita administrativamente el proyecto.
«Buscamos que los vecinos tengan un control real del dinero público. El cartel no puede ser un aviso publicitario del gobernante de turno, debe ser una rendición de cuentas», fundamentó, en aquel momento, Agustina Álvarez Eichele.
La paradoja del «haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago»
A pesar de haber cumplido de forma estricta con todo el circuito legislativo de la ciudad, la ordenanza de transparencia se convirtió en letra muerta dentro de los escritorios de la Municipalidad de Salta. Los nuevos frentes de obra se siguen inaugurando con carteles tradicionales, priorizando el marketing político por sobre el derecho a la información ciudadana. Está claro que la ordenanza se aprobó durante el gobierno de Bettina Romero, pero Durand eligió el camino de mantenerlo cajoneado.
Esta contradicción expone un evidente doble estándar moral y administrativo por parte de la gestión de Durand. Mientras el municipio despliega un control riguroso, persigue, labra actas e infracciona a cualquier desarrollador privado que no cumpla a rajatabla con el código de edificación o la cartelería reglamentaria, el propio Estado municipal decide no transparentar el destino de los fondos públicos.
Mientras los reclamos cotidianos de los vecinos de barrios periféricos para conseguir luminarias, semáforos críticos, desmalezado o asfalto rebotan contra la misma e inquebrantable respuesta oficial —»no hay presupuesto»—, las partidas destinadas a pauta publicitaria, marketing gubernamental y producción de contenido para redes sociales continúan activas, robustas y sin indicios de austeridad.
La resistencia a implementar esta normativa deja al descubierto el recelo de la planta política a someterse al control ciudadano directo. En la Salta de hoy, los carteles siguen cumpliendo su vieja función: recordarle de manera colorida al ciudadano quién gobierna, mientras ocultan prolijamente cuánto le cuesta.
