SALTA.- (Por Diego Nofal) El conflicto que este diario anticipó se materializó con crudeza el miércoles 22 de julio, cuando la Justicia de Salta ordenó embargar todas las cuentas bancarias de la minera Posco en el país. La medida, dictada de manera urgente e inaudita, demuestra que aquellas frases sobre el derrame local no eran simple retórica opositora, sino un diagnóstico de una realidad contractual desastrosa.
El embargo millonario, que cayó como un martillazo sobre los activos de la firma surcoreana, surge de una demanda por incumplimiento presentada por un proveedor salteño cuyo nombre aún no trascendió. Según pudo reconstruir este medio, se trata de una empresa local que ejecutó obras de infraestructura para el proyecto de litio y que jamás cobró los trabajos certificados. La decisión judicial, que se adoptó sin escuchar previamente a la empresa minera, habla de la contundencia de las pruebas aportadas y del riesgo de que los fondos desaparecieran.
Resulta irónico, por no decir tragicómico, que el mismo discurso oficial que vendía a la minería como la gallina de los huevos de oro esté ahora salpicado de demandas y cuentas congeladas. La diputada Griselda Galleguillos lo había advertido con una claridad demoledora, la minería sin derrame local es un negocio para unos pocos y un dolor de cabeza para muchos. Lo que empezó como una controversia política se transformó en apenas semanas en un expediente judicial que expone las entrañas de un modelo extractivo que desprecia al empresariado local.
Mientras tanto, Posco suma a su historial de desencuentros globales un capítulo salteño que podría costarle mucho más que unos simples intereses moratorios y poner en riesgo sus ambiciosos planes de expansión en el Triángulo del Litio. En Corea del Sur enfrentó huelgas masivas, en la India fue acusada de avasallar comunidades, en México dejó una estela de juicios ambientales y en Chile cargó con graves denuncias por residuos industriales. La empresa que prometió revolucionar el litio argentino hoy ve sus cuentas congeladas porque, al parecer, honrar los compromisos con proveedores locales no estaba en su plan de negocios.
La pregunta que sobrevuela los tribunales y las oficinas gubernamentales es si realmente vale la pena arrodillarse ante estas corporaciones que tratan a Salta como una simple colonia extractiva. Mientras Jujuy negocia de igual a igual con una participación societaria del ocho y medio por ciento que pronto será del diez, en Salta nos conformamos con aplaudir anuncios rimbombantes que después se traducen en cheques sin fondos. La comparación ya no admite discusiones ni excusas, allá los números cierran con regalías y dividendos, acá se cierran con oficios judiciales, embargos y un creciente malhumor empresarial.
No se trata de una cuestión ideológica sino de pragmatismo puro y duro, Salta tiene la ventaja de contar con una economía diversificada que no depende exclusivamente de la minería. Nuestros porotos, la soja, las frutas de los Valles y la ganadería generan divisas y empleo sin necesidad de pleitos judiciales con multinacionales acostumbradas a imponer sus condiciones. El embargo a Posco es un mensaje clarísimo para quienes aún fantasean con que la minería será el único motor, a veces los motores se frenan con una orden judicial.
Lo que viene no será sencillo para ninguna de las partes, el expediente abierto amenaza con arrastrar a otras firmas proveedoras que estarían en la misma situación de incumplimiento. Los pasillos judiciales ya anticipan que este caso podría ser el primero de una catarata de litigios contra la firma surcoreana, algo que dinamitaría la ya maltrecha imagen del extractivismo en la provincia. Ojalá que este papelón sirva para que las autoridades revisen de una vez por todas el absurdo modelo minero que condena a los salteños a mirar cómo la riqueza se esfuma sin rozar sus bolsillos.
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