SALTA – El Gobierno provincial avanzó en una agenda conjunta con las obras sociales sindicales para regularizar deudas, agilizar los procesos administrativos y garantizar la continuidad de la atención médica. El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, encabezó una reunión con representantes de nueve gremios de la provincia, en la que se acordó la creación de una mesa de trabajo permanente para abordar la situación financiera del sector.
Durante el encuentro, los dirigentes sindicales asumieron el compromiso de regularizar las deudas pendientes mediante planes de pago que no superen los 30 días y avanzar en la firma de convenios directos con la red de hospitales públicos de la provincia. La negociación se hace en un contexto de crisis dentro del sector sanitario, luego de que el Hospital Oñativia y San Bernardo denunciaran una deuda con obras sociales cercana a los 12 mil millones de pesos.
Preocupación en torno a la inflación
Los representantes de las obras sociales manifestaron su preocupación por el impacto de la inflación y el incremento de los costos administrativos sobre la sostenibilidad del sistema, al tiempo que coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud para asegurar el acceso de los afiliados a las prestaciones médicas.
Como principal resultado del encuentro, las partes acordaron conformar una mesa de trabajo permanente destinada a conciliar los saldos deudores acumulados, agilizar los circuitos administrativos y avanzar en la implementación de convenios directos entre las obras sociales y los hospitales públicos.
Además, se resolvió impulsar la digitalización de la facturación de las prestaciones y reforzar las auditorías médicas sobre insumos y prótesis. El objetivo es reducir los tiempos administrativos, optimizar el control del gasto y garantizar la regularidad de las transferencias financieras entre las partes.
Otro de los temas abordados fue el cobro indebido de plus médico por parte de algunos profesionales. Según expusieron los dirigentes sindicales, esta práctica perjudica tanto a las obras sociales como a los trabajadores afiliados, quienes en muchos casos deben afrontar pagos adicionales o evitan realizar denuncias por temor a que ello afecte su atención.
Frente a esta problemática, el Ministerio de Salud Pública y las obras sociales acordaron avanzar en mecanismos conjuntos de fiscalización y control para detectar y erradicar estas prácticas irregulares, con el objetivo de garantizar una atención equitativa y el respeto de los derechos de los afiliados.
