SALTA – Lo que comenzó como un cruce de alta tensión entre el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, y el diputado provincial Gustavo Orozco sumó en las últimas horas una nueva protagonista: la diputada Marianela «Lela» Marinaro. La incorporación de la legisladora no hizo más que dinamitar los puentes y escalar el conflicto a una batalla campal de acusaciones cruzadas en el norte provincial. La agenda pública regional —históricamente atravesada por la complejidad del crimen organizado y la falta de infraestructura— quedó atrapada en el escenario de una guerra mediática donde abundan las denuncias de narcotráfico, los señalamientos personales y un marcado ausentismo de carpetas judiciales concretas.
La mecha de la discordia
El fuego cruzado inició cuando el diputado provincial y expolicía Gustavo Orozco sugirió públicamente la existencia de jefes comunales del norte salteño —puntualmente en los departamentos San Martín o Rivadavia— vinculados a estructuras del narcotráfico e influenciados por dinero proveniente de Bolivia.
La respuesta no tardó en llegar. El intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, salió al cruce exigiendo responsabilidad institucional y emplazando al legislador a dirimir sus sospechas en los tribunales, sosteniendo que «si tiene pruebas lo acompaña a presentar la denuncia», exigiendo que «deje de decir barbaridades y que se ponga a trabajar para no manchar al norte provincial».
Paralelamente, desde la Cámara baja, la diputada Marianela «Lela» Marinaro arremetió contra Orozco recordando que el exefectivo policial acumula cerca de 32 causas judiciales en su contra. En el mismo movimiento, anunció la presentación de una iniciativa para reforzar las exigencias de la Ley de Ficha Limpia en la provincia, una alusión directa al legajo del rosarino.
La réplica de Orozco: del «vínculo» de Hernández Berni a la noche de Rosario
Lejos de atenuar sus dichos, Orozco tomó el guante en declaraciones radiales y redobló la apuesta contra ambos dirigentes, apelando a argumentos de sospecha moral y vinculaciones familiares.
En primer lugar, contra Hernández Berni, el diputado cuestionó la conducta del intendente de Tartagal previo a asumir el cargo, señalando un supuesto emparentamiento con la familia del exjuez federal Raúl Reynoso, condenado por favorecer a redes narco. «Cuando a Franco Hernández se le dice que estuvo relacionado a gente del narcotráfico, él no lo puede negar, no se puede enojar, porque él, antes de ser candidato a intendente de Tartagal, se emparentó con una familiar directa del exjuez Reynoso, condenado por narcotráfico». Orozco planteó si cualquier salteño mandaría a su hijo al cumpleaños del hijo de un narcotraficante y cuestionó que un candidato se emparentara con ese entorno previo a una elección. Asimismo, vinculó una reciente reunión musical pública entre Hernández Berni y el entorno de Marinaro como una muestra de alianzas políticas dirigidas en su contra.
Por otro lado, al responder sobre su prontuario de 32 causas, el legislador argumentó que sus expedientes derivan de su época como jefe de la Brigada de Investigaciones combatiendo a delincuentes. Sin embargo, cargó duramente contra el círculo familiar de la diputada Marinaro, asegurando que su equipo y su padre estuvieron involucrados en procedimientos policiales en Rosario de la Frontera bajo sospecha de distribuir sustancias durante la víspera electoral, definiendo el cruce como «una pelea entre quienes combaten el narcotráfico y quienes se benefician de él».
«Yo no tengo 32 causas como dice Marinaro. Las 32 causas a las que hacen referencia siempre fueron trabajando con la Policía y combatiendo justamente a narcotraficantes. A mí me denunció gente a la que detuve con cocaína, me denunciaron homicidas y violadores, pero no tengo ninguna causa por haber vendido droga ni por haberme quedado con un peso», dijo el diputado y agregó: «Esto va a ser una pelea entre los buenos y los malos: entre los que no queremos que el narcotráfico avance y los que lo practican y se hacen ricos a través de él», finalizó.
