SALTA – La propuesta para que Gustavo Ferraris vuelva a integrar la Auditoría General de la Provincia suma nuevos cuestionamientos. A las objeciones constitucionales y políticas que surgieron tras el envío de su pliego al Senado, ahora se agregaron presentaciones de dos ex trabajadores del organismo que aseguran haber sido perjudicados durante su gestión.
Los escritos fueron presentados por Jorge Pedro Daud y Luis Bernardino Mamani, ambos jubilados de la Auditoría General de la Provincia, quienes solicitaron a la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones que tenga en cuenta sus planteos al momento de analizar la postulación de Ferraris.
Las presentaciones se incorporan al expediente que deberá evaluar la comisión legislativa, encargada de analizar las impugnaciones, garantizar el derecho de defensa de los candidatos, producir la prueba que considere necesaria y emitir un dictamen antes de que los pliegos sean tratados por el Senado.
El debate por un tercer mandato
La candidatura de Ferraris ya había despertado controversia por una cuestión constitucional. El exfuncionario fue propuesto para regresar a la Auditoría General pese a haber integrado anteriormente el organismo durante dos mandatos consecutivos.
El artículo 169 de la Constitución de Salta, reformado en 2021, establece que los auditores generales duran ocho años en sus funciones y no pueden ser designados nuevamente, por lo que distintos sectores sostienen que una nueva designación sería incompatible con el texto constitucional vigente.
Un posible conflicto de intereses
Al debate jurídico se suma ahora otro de carácter institucional. La Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, que deberá pronunciarse sobre el pliego de Ferraris, integra entre sus miembros al senador Gonzalo Caro Dávalos.
Según la documentación incorporada al expediente, un familiar directo del legislador trabaja en la Auditoría General de la Provincia y, durante la gestión de Ferraris, desempeñó funciones vinculadas con el entonces auditor. Esa situación abrió interrogantes sobre un eventual conflicto de intereses en el tratamiento del pliego.
Con estos nuevos planteos, el proceso de designación de Gustavo Ferraris se presenta cada vez más complejo. La comisión deberá resolver tanto las objeciones de carácter constitucional como las impugnaciones presentadas por ex empleados del organismo antes de emitir el dictamen que habilite, o no, el tratamiento de la candidatura en el recinto del Senado.
