SALTA.- (Por Renato Ocampo) En el tablero político de Salta, todas las miradas convergen en el Centro Cívico Grand Bourg. Mañana, miércoles 29 de julio, el Gobierno de Gustavo Sáenz deberá poner sobre la mesa una cifra que logre desactivar una tensión sindical en ascenso.
Tras una primera mitad de año donde los trabajadores públicos recibieron un incremento escalonado del 10% , cuyo último tramo del 3,1% se acreditó recientemente, la realidad de las góndolas ha pasado factura: los registros oficiales marcan una inflación acumulada del 16,8% para el mismo período, dejando a los salarios con un desfasaje que los gremios califican de insostenible.
El frente gremial: entre el 16% de pérdida y la «cláusula» del cálculo
Los 17 gremios estatales, que nuclean sectores críticos como Salud, Educación y Vialidad, llegan a esta instancia con un diagnóstico común: el poder adquisitivo se está pulverizando. Mabel Álvarez, secretaria general de ATE Salta, ha sido tajante al reclamar una recomposición que no solo iguale, sino que supere los índices inflacionarios.
Sin embargo, el conflicto no es solo porcentual. Existe una batalla técnica por la «base de cálculo». Actualmente, los aumentos se liquidan sobre el sueldo de diciembre del año anterior; los sindicatos exigen que la actualización se realice sobre el último mes cobrado para evitar que los haberes queden crónicamente desfasados.
Además, ATE ha convocado a una concentración frente a Grand Bourg a las 9 de la mañana, sumando presión a la mesa de negociación con pedidos de un «bono de emergencia» y el pase a planta permanente del personal precarizado.
La postura oficial del Gobierno de Sáenz: equilibrio fiscal en tiempos de «ortodoxia» nacional
Desde el ala económica del gabinete de Gustavo Sáenz, el mensaje es de cautela extrema. El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, han advertido que el contexto financiero es crítico debido a la caída de la actividad económica y la drástica disminución de los recursos enviados por Nación.
El diagnóstico oficial es crudo: se enfrentan a un modelo económico nacional de carácter ortodoxo que privilegia al mercado, provocando una retracción del consumo y el cierre de empresas que impacta directamente en la recaudación provincial.
El objetivo del Gobierno de Salta es sostener las fuentes de trabajo y garantizar los servicios públicos esenciales sin caer en despidos, una premisa que choca con la urgencia del bolsillo estatal. Mientras el dólar blue cotiza a $1570 y el oficial a $1520, la provincia intenta mantener activa la obra pública y el alivio fiscal como herramientas de contención, pero el margen de maniobra se estrecha.
La hora de la verdad: ¿Qué pasará mañana?
La intriga sobre el porcentaje que ofrecerá el Ejecutivo es total. En los pasillos sindicales se murmura que un incremento inicial cercano al 7% sobre el haber de julio podría ser un «punto de partida» aceptable, siempre que incluya revisiones trimestrales. No obstante, el desfasaje acumulado ya trepa al 17% y las proyecciones indican que la inflación podría alcanzar el 30% hacia fin de año, lo que dejaría una pérdida salarial estimada del 23% si no hay una corrección contundente.
Mañana será un día de definiciones para ministros como Cristina Fiore Viñuales (Educación) y Federico Mangione (Salud), quienes han estado analizando demandas sectoriales específicas. Mientras tanto, el cronograma oficial confirma que el sábado de esta semana ya estarán depositados los sueldos de la administración pública, pero la gran incógnita es si ese depósito vendrá con la promesa de una recomposición real o si el conflicto pasará a una etapa de mayor confrontación en las calles de Salta.
