SALTA – El diputado provincial Luis Mendaña reclamó que la Justicia intervenga de oficio ante las graves acusaciones vinculadas al narcotráfico que protagonizaron en las últimas semanas los legisladores Gustavo Orozco y Marianela Marinaro durante sesiones de la Cámara de Diputados de Salta.
El legislador sostuvo en Infinito 96.5 que, cuando las denuncias son formuladas por representantes del pueblo en el recinto, los fiscales no deberían permanecer al margen. «En función de lo que decimos en el recinto, la Justicia tiene que actuar. Los fiscales tienen que tomar las opiniones de los legisladores», afirmó.
Las declaraciones de Mendaña se producen en medio del fuerte enfrentamiento entre Orozco y Marinaro, quienes intercambiaron acusaciones públicas relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico, generando un clima de alta tensión política dentro del oficialismo.
Para el diputado, este tipo de episodios afectan a toda la sociedad. «No está bueno que los diputados generen acusaciones de esta manera», señaló. Y agregó que «este tipo de situaciones cruzadas, más allá de la intencionalidad de potenciar a alguien, pone a la sociedad en un estado de angustia».
Cuestión de responsabilidades
Mendaña también cuestionó la responsabilidad con la que algunos legisladores realizan este tipo de manifestaciones. «No podemos seguir avalando ese tipo de cruces con representantes de la sociedad. Fueron elegidos para proteger a los ciudadanos», expresó.
En ese sentido, recordó que Gustavo Orozco viene realizando distintas denuncias desde hace tiempo y consideró que, si existen elementos que sustenten esas afirmaciones, corresponde que la Justicia las investigue. «La Justicia mira para afuera», cuestionó.
Finalmente, insistió en que la inmunidad parlamentaria no debe convertirse en una herramienta para realizar acusaciones sin respaldo judicial. «Son representantes del pueblo que dicen cosas que ponen en un estado de preocupación a toda la sociedad. La Justicia tiene que activar la potestad que tiene. La inmunidad de opinión no debe utilizarse para imputar gente; para eso está la Justicia», concluyó.
El cruce entre Orozco y Marinaro volvió a poner en el centro del debate los límites de la inmunidad de opinión de los legisladores y el rol que deben asumir el Ministerio Público Fiscal y la Justicia cuando en el ámbito parlamentario se formulan denuncias de extrema gravedad que podrían constituir delitos.
