SALTA.- (Por Renato Ocampo) Tras las polémicas declaraciones del jefe de los fiscales sobre el caso Jimena Salas, el entorno del fallecido comisario Vicente Cordeyro y de la comisario Chávez respondió con dureza. Acusan al Procurador de manejarse con una «liviandad alarmante» y de intentar desviar la atención de las falencias investigativas del CIF.
La justicia de Salta atraviesa horas de tensión. Lo que comenzó como una declaración mediática del Procurador General de la Provincia se ha transformado en un escándalo de proporciones institucionales. La familia del Comisario Mayor (R) Vicente Cordeyro y de la Comisario General (R) Trinidad Chávez rompió el silencio para desmentir de forma categórica las acusaciones que los vinculan con el borrado de antecedentes y el extravío de pruebas clave en el crimen de Jimena Salas.
En un comunicado que resuena con fuerza en los pasillos del Poder Judicial, los allegados a Cordeyro manifestaron su «más profundo repudio» ante lo que consideran una «campaña de calumnias e injurias extremadamente destructiva contra su honor, buen nombre y memoria». La dureza de las palabras no es casual: la familia apunta directamente a la máxima autoridad del Ministerio Público, señalando que sus dichos carecen de sustento técnico y legal.
Acusaciones de «charlas de café» y riesgo de seguridad
El punto más álgido del conflicto radica en la acusación a Pedro Garcia Castiella sobre una supuesta maniobra para «limpiar» planillas prontuariales de investigados a pedido de terceros. La respuesta de la familia fue fulminante, calificando el accionar del funcionario como de una «liviandad alarmante para el cargo que ocupa».
Desde el entorno de los comisarios, no solo rechazaron y repudiaron enérgicamente semejante falsedad, sino que desafiaron a la Procuración a presentar pruebas concretas. En un párrafo cargado de veneno político, sentenciaron que «manchar la memoria y la reputación de funcionarios intachables sobre la base de trascendidos o ‘charlas de café’ vulnera los principios elementales del debido proceso y la ética pública».
Además, advirtieron que mencionar a la comisario Chávez en maniobras criminales no es solo un ataque al honor, sino que «pone en riesgo directo e inminente su seguridad e integridad física», una advertencia que escala el conflicto al plano de la responsabilidad civil y penal del Estado.
El misterio del DVD y la responsabilidad del CIF
Otro de los ejes de la nota crítica es la supuesta desaparición de un DVD con pruebas que Cordeyro habría aportado en 2019. La familia negó rotundamente que tal entrega existiera en registros oficiales, devolviendo la pelota al campo del Ministerio Público. Según el comunicado, la custodia de cualquier prueba recaía exclusivamente en el Cuerpo Investigativo Fiscal (CIF).
«Resulta de una gravedad institucional inaudita que pruebas de esta magnitud ‘desaparezcan’ dentro del propio organismo investigador», dispararon, sugiriendo que es «irresponsable atribuir irregularidades en el manejo de pruebas a quien hoy no puede defenderse». Esta frase deja entrever una crítica profunda a la gestión de la cadena de custodia y a la transparencia del organismo que el Procurador conduce.
¿Una maniobra para desviar la atención?
Este cruce revela una grieta profunda en el sistema de seguridad y justicia. La familia Cordeyro fue más allá y sugirió que Garcia Castiella utiliza estas hipótesis falsas para «desviar la atención mediática o justificar falencias investigativas del pasado» en causas que aún no han sido esclarecidas, como la «muerte dudosa» que afecta al entorno familiar.
El cierre del comunicado es una advertencia legal clara: la familia se reserva el derecho de tomar todas las medidas y acciones legales ante la extrema gravedad de las acusaciones. En su exigencia final, reclaman tres pilares que hoy parecen estar en duda bajo la actual conducción de la Procuración: «rigor técnico, respeto a la verdad y justicia».
Este enfrentamiento no solo pone en juego el buen nombre de dos altos mandos de la policía de Salta, sino que cuestiona la ética y la rigurosidad con la que se manejan las causas de mayor impacto social en la provincia. La pregunta que queda flotando es: ¿responderá el Procurador con pruebas o el silencio confirmará la teoría de las «charlas de café»?
