SALTA.- La viuda del excomisario Vicente Cordeyro alzó una denuncia de una gravedad institucional que debería encender todas las alarmas del poder judicial salteño. Trinidad Chávez afirmó que el procurador general Pedro García Castiella la sometió a un proceso de difamación pública que vulneró garantías elementales que asisten a cualquier ciudadano. La mujer no está dispuesta a aceptar que el jefe de los fiscales convierta su desgracia personal en un insumo para una operación de prensa sin control judicial. Sus declaraciones son una advertencia directa contra la impunidad con que García Castiella pisotea el estado de derecho. La viuda fue categórica al afirmar que “acá se han vulnerado un montón de derechos y que si se hubiera hecho el debido proceso las personas que han tenido conocimiento de esta situación deberían haber hecho lo que corresponde”.
Esa violación de derechos no es un exabrupto emocional de una mujer golpeada por la tragedia, es la constatación de un atropello cometido por la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal. Trinidad Chávez señaló con precisión que las acusaciones lanzadas en televisión nunca siguieron el camino que marca la ley procesal, no hubo notificación formal, no hubo vista previa ni posibilidad de defensa. La viuda exigió una explicación que hasta ahora García Castiella no ha dado. “Nosotros pedimos ¿de dónde se sustentan para tremenda acusación?”, reclamó Trinidad con una mezcla de indignación y de exigencia de transparencia. La pregunta sigue flotando en el aire de Salta sin que el procurador general haya mostrado un solo papel que respalde sus temerarias declaraciones.
El honor y la honra de Trinidad Chávez fueron arrastrados por el lodo de una acusación que la vincula a una maniobra de borrado de antecedentes penales para favorecer a una familia investigada por un crimen atroz. La viuda no se quedó en la queja, explicó el impacto concreto que esa operación tuvo sobre su vida cotidiana y sobre la memoria de su esposo. Trinidad confesó que “la memoria y el honor de mi esposo y mi honra y mi honor están tremendamente afectados”. Esas palabras no son un inventario de vanidades heridas, son la descripción de un daño psicológico y social que el procurador general provocó con plena conciencia de sus actos. García Castiella, desde su posición de poder, debería saber que las palabras de un funcionario de su rango pueden destruir la reputación de una persona sin que exista condena alguna.
La mujer también denunció que cuando intentó defenderse de esas acusaciones y pedir que se respetara la memoria de Vicente, recibió una orden de silencio que no se condice con una justicia democrática. Trinidad rememoró que le dijeron “cállese” con una violencia verbal que busca acallar a las víctimas y proteger a los acusadores poderosos. Ese episodio revela la existencia de una matriz autoritaria dentro del sistema de justicia que el procurador García Castiella representa y que él mismo se encargó de reforzar con su entrevista televisiva. La viuda no se dejó amedrentar y encontró en la denuncia pública el único camino para contrarrestar la asimetría de fuerzas que enfrenta. Su valentía contrasta con la conducta de un procurador que usa los medios para atacar y luego se refugia en la investidura para no responder.
Falla ética del procurador
La denuncia de Trinidad Chávez expone una falla ética de García Castiella que ningún comunicado de prensa de su oficina puede maquillar. El procurador general no solo omitió el debido proceso, sino que reveló datos de una causa en la que la propia viuda de Cordeyro aparece mencionada sin darle oportunidad de presentarse ante el fiscal competente. Ese comportamiento es incompatible con la función de un jefe de fiscales que debería ser el primer garante de los derechos de las víctimas. Trinidad se preguntó en voz alta de dónde saca el procurador esas acusaciones, una pregunta que ningún periodista logró que García Castiella respondiera con pruebas. La respuesta del procurador general hasta hoy fue un silencio cargado de soberbia y una negativa a rectificar o a presentar la evidencia en sede judicial.
La familia Cordeyro Chávez no pide privilegios, pide que el procurador general sea investigado por sus propios pares por haber violado los deberes de imparcialidad y reserva que su cargo le impone. Trinidad Chávez puso el dedo en la llaga de un sistema que tolera que el jefe de los fiscales acuse sin consecuencias mientras la viuda de un policía muerto debe rogar para que se investigue el origen de las amenazas que precedieron a su desaparición. La mujer concluyó su declaración con la entereza de quien no tiene nada que ocultar y con la expectativa de que alguna autoridad ponga freno a los desbordes del procurador. La marcha por Vicente Cordeyro será un punto de inflexión para exigir que García Castiella rectifique o presente las pruebas que dice tener, y que si no las tiene, cargue con el costo político e institucional de haber difamado a una familia en nombre de la justicia.
